Una empresa británica encarga a detectives dossieres sobre Pablo Iglesias, Maillo y otros 18 líderes

Investigar el currículum y el expediente académico de los distintos líderes políticos se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual en las filas de los distintos partidos políticos. Tanto que, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, una conocida empresa de investigación británica se ha reunido en los últimos días con varias agencias de detectives españolas con un encargo concreto: rastrear tanto el expediente académico como el trabajo dentro de las universidades de veinte líderes y reponsables políticos españoles, tanto de la política nacional como de la Comunidad de Madrid. 

El encargo llega después de que sendos escándalos relacionados con titulaciones universitarias: el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el del diputado nacional y vicesecretario de Comunidación del PP nacional, Pablo Casado. La filtración de los datos sobre los estudios de ambos generó una avalancha de cambios y matices en los currículums de varios responsables públicos de todos los partidos. 

En esa dirección, ahora es una conocida empresa de investigación británica la que rastrea tanto los expedientes académicos, como los procedimientos administrativos con los que consiguieron su plaza docente candidatos de los principales partidos de la política española. Según fuentes conocedoras del encargo, el trabajo se centra sobre todo en investigar la relación de los principales líderes de Podemos con distintas universidades españolas, con su líder Pablo Iglesias a la cabeza y la obtención de títulos académicos por parte de varios nombres de relevancia en el PP nacional como el actual coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo. 

Datos confidenciales

Ante la constatación de estas pesquisas surgen dos preguntas: ¿quién la ha encargado y, sobre todo, para qué? Según explican fuentes del sector, es habitual que las grandes investigaciones políticas encargadas en este país de manos privadas provengan de empresas afincadas en Reino Unido. Allí, la ley ampara de mayor manera la confidencialidad sobre el trabajo de las empresas de investigación, lo que supone una cobertura importante para quien encarga este tipo de trabajos. 

Además, las investigaciones políticas suelen estar encargadas en un primer momento por despachos de abogados. Profesionales que en un momento dado pueden alegar secreto profesional para no revelar en Reino Unido la identidad de la persona que les ha hecho el encargo, siempre que esté dentro de la legalidad. Eso provoca que, pese a que la investigación se realice en suelo español, la identidad real del cliente quede bajo el amparo de la legislación británica. 

Fuentes del sector explican además que este tipo de investigaciones son en España mucho más complejas de lo que parecen: "Lo que solemos hacer es comprobar, por ejemplo si un médico tiene o no la carrera, si tiene el título y está colegiado para ejercer, pero no analizamos nunca cómo ha aprobado esa carrera".

De hecho, los expedientes académicos, pese a que son datos personales que afectan al desarrollo de ámbitos públicos, son secretos en España. Solo es posible consultar sin orden judicial si una persona está inscrita o no en los distintos colegios profesionales que son obligatorios para ejercer una determinada profesión, como en el caso de los médicos o los abogados. Pero no es posible acceder al expediente académico con el que estos profesionales obtuvieron su título. Ni de ellos ni de ningún otro.

Es por eso que, en el caso de Cristina Cifuentes por ejemplo, los datos sobre la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Caros, que se han demostrado de relevancia pública y que ahora investiga la Justicia, han tenido que ser obtenidos mediante filtraciones.