El empresario Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre de Mauricio Casals en la trama del Canal de Isabel II, participó en el espionaje que el expresidente madrileño Ignacio González sufrió en Cartagena de Indias (Colombia). Así lo concluye al menos un informe elaborado por detectives y localizado en manos de uno de los empresarios detenidos en Colombia, Ramón Navarro, en relación al caso Lezo.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, indaga sobre la grabación del vídeo, la presencia de detectives alojados en los hoteles de la zona, investiga el entorno de Ignacio González y si algún servicio secreto pudo realizar la grabación. Tras esos pasos, concluye que "se centra la atención sobre el personaje de Edmundo Rodríguez Sobrino, toda vez que hizo presencia, tuvo la oportunidad, presenta actitudes fuera de lugar o sospechosas que pueden inferir su posible participación o conocimiento de la vigilancia adelantada. Lo que se debe concretar es su motivación revisando antecedentes sobre sus decisiones, hechos o acciones del cliente que, de una u otra forma lo llegaron a afectar". "Es claro que el motivo reviste matices políticos, económicos y animadversiones personales", prosigue el documento.
Edmundo Rodríguez Sobrino, persona de confianza de Ignacio González en el Canal de Isabel II en Sudamérica, era consejero delegado de La Razón y amigo y subordinado de Mauricio Casals, el hombre fuerte del grupo de comunicación Atresmedia.
El informe de Inteligencia localizado en Colombia se refiere a Ignacio González como "Cliente" y lo define como "de alto perfil nacional e internacional, afectado por atentado y daño a su imagen mediante control de inteligencia efectuado en Colombia". En su escrito, los detectives acudieron al hotel y solicitaron las cámaras de seguridad del local para confirmar la identidad de la persona que llevaba la cámara oculta. Pero los vídeos no estaban, ya que el propio sistema los borra de forma automática a los cuatro días.
Además, y según el documento, analizaron el listado de huéspedes del Hotel Santa Sofía en busca de terceras personas que pudieran comprometer el viaje de Ignacio González. Así se percataron de que, según sus pesquisas, el expresidente madrileño y sus acompañantes no tenían las habitaciones a su nombre: "Al consultar los registros del hotel no aparecen registradas para la fecha las personas que fueron filmadas. Se debe entrar a validar si fueron registrados con otros nombres con el objeto de manejar un perfil bajo y mantener un cierto nivel de reserva y discreción".
Edmundo y sus gestos a la cámara
Tras analizar el entorno y determinar que Ignacio González viajó a Cartagena de Indias acompañado de Edmundo Rodríguez Sobrino y del empresario colombiano Sebastián Soler, los investigadores analizaron al detalle el vídeo publicado por la Cadena Ser en 2009. En el apartado "Actitudes y comportamientos del vídeo" destacan cuatro momentos sospechosos de Edmundo Rodríguez Sobrino.
El primero tuvo lugar en el Lobby, cuando la mano derecha de González en el Canal "se toma el cuello de la camisa y frota su nariz. Al parecer se puede pensar en una posible señal al camarógrafo".
El segundo hecho relevante, según el documento, se da en el momento del desayuno, en el que "se observa al sujeto descrito [Rodríguez Sobrino] mirar fijamente el lente del vídeo y asumir una actitud sospechosa al abrir los ojos de manera inusual, que permite suponer un posible gesto de alerta al camarógrafo".
El tercero y más determinante, se da cuando, tras salir del hotel, el responsable de expansión internacional del Canal de Isabel II dice en el vídeo y al pasar junto a la persona que graba "pilas, pilas, que si no nos pifiamos". Es decir, una declaración fuera de lugar de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla la escena", apostillan los investigadores privados.
El cuarto punto destacado por los investigadores es la escena en la que se escenifica el seguimiento a González por las calles de Bogotá con imágenes grabadas por los autores del seguimiento dentro de un taxi. En ese momento, alguien dice la frase "esta no es una zona caliente. Es hirviente". "Se escucha una voz muy similar a la del sujeto canoso y de entradas pronunciadas [en referencia a Rodríguez Sobrino]. Además no contaban los autores del vídeo que dentro de su toma fue captada una imagen humana en el espejo retrovisor del vehículo, en el cual por reconstrucción aparecen rasgos humanos, que se deben confrontar con los rasgos de los acólitos del afectado".
La escena de las bolsas
Los investigadores ponen además especial atención a la escena de las bolsas, en la que tanto González como sus acompañantes acceden a un inmueble cargados con unas bolsas blancas. Según su conclusión, la escena carece de relevancia alguna y se graba únicamente para dar una imagen que perjudique al expresidente madrileño. De hecho, el edificio ni siquiera se corresponde con la dirección mostrada en el informe de seguimientos. En realidad, se trataría de un inmueble a nombre de una ciudadana colombiana llamada Inés T. de Kellens "persona sin mayor relevancia dentro del concierto local o internacional que afecte a la credibilidad o buen nombre del cliente".
A juicio de los detectives, la escena fue grabada para "inferir erróneamente al público sobre el motivo de la visita a la vivienda y el contenido de las bolsas" (dinero, droga...). En cualquier caso, "solo el anillo íntimo del afectado conocía de esta invitación el momento y lugar preciso. Es decir, alguien del grupo orquestó esta situación y facilitó la construcción de esta supuesta evidencia contra la defensa de los intereses políticos y económicos de la víctima".
Un caso archivado en España
La Justicia española abrió un procedimiento para investigar el espionaje a Ignacio González en Colombia. Llegó a imputar a los responsables de dos empresas de investigación privada y a tomar declaración al empresario Juan Miguel Villar Mir, que negó haber encargado el seguimiento al político madrileño.
En mayo de 2017, y tras nueve años desde que se realizó la grabación, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid archivó el caso. Pero no por falta de pruebas, sino porque González, ya en prisión preventiva tras su detención en el caso Lezo, no presentó acusación alguna y el procedimiento quedó muerto.