Un profesor de instituto y el trabajador de una guardería, entre los 54 investigados por una red de pedófilos

Un profesor de instituto que hizo valer su empleo para acercarse a los menores, el trabajador de una guardería que hacía fotos a los niños y les robaba la ropa interior, un residente en Ciudad Real que abusaba de pequeños junto a un compañero para luego distribuirlo... y así hasta 54 personas han caído en una operación de la Guardia Civil contra una red de distribución de contenido pedófilo. 

Durante diez meses, los agentes de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han seguido la pista de un servicio a la carta. Un sistema de distribución por suscripción afincado en España y que utilizaba la red y los envíos postales para hacer llegar su contenido de forma clandestina. Vídeos con abusos a menores pobres, chicos en riesgo de exclusión social. Solo por carta, hicieron llegar más de 1.050 paquetes con contenido pedófilo según las investigaciones.

La operación, denominada Ebisu, procede de una investigación mastodóntica, con miles de horas de trabajo y que arrancó en 2015 con otro nombre. Un caso que empezó como una agresión a un menor marroquí en una comisaría de los Mossos d'Esquadra. En las primeras investigaciones, los agentes detectaron que las heridas al menor no se debían a una agresión común, sino a las perpetradas en la grabación de un vídeo de sexo extremo. Algo que confirmaron al encontrar las grabaciones en casa de dos de los detenidos, una pareja de franceses residentes en Tortosa (Tarragona).

Así arrancó la operación Trinity, con la localización de una productora clandestina que se dedicaba a grabar contenido para pedófilos de todo el mundo, que lo consumían a la carta y bajo suscripción. En aquella vivienda, los dos franceses y un ciudadano marroquí guardaban 1.400 Dvd’s y un catálogo de más de 2.000 títulos que se distribuían previo pago tanto vía online como por correo ordinario.

La madeja siguió creciendo y ya en 2016 cayeron otros cuatro integrantes en Bilbao, Barcelona y Valencia. Todos ellos eran conocidos por los agentes, que les habían detenido con anterioridad y acusado de corromper a menores que vivían en la calle. Saltaron las alarmas.

En aquellos meses, los agentes recopilaron el material informático de las 28 webs que se encargaban de distribuirlo, el de los discos duros localizados en los cinco registros domiciliarios, el acumulado durante más de siete años grabando a menores, y decidieron buscar la aguja en el pajar. Se propusieron identificar a las posibles víctimas con una única pista, la de su aparición en los vídeos y la posible procedencia de alguno de ellos.

Víctimas en un barrio de Valencia

Llegó entonces el trabajo más tedioso. El más ímprobo y desconocido de los agentes que trabajan contra este tipo de delitos. Los especialistas en la lucha contra la pedofilia deben pasar horas y horas revisando los vídeos decomisados en sus operaciones. Analizando al milímetro cada fotograma con la esperanza de encontrar una pista de la procedencia, de la identidad de quienes aparecen o del lugar donde ha sido grabado. Una sábana que solo se venda en una tienda, una marca de nacimiento, un cuadro colgado en una estancia... Como ejemplo, la policía persiguió durante años a un pedófilo de Madrid del que solo tenían dos datos: un billete de metro y el tono de llamada de su móvil. Tras varios años de búsqueda, le localizaron.

Un agente revisa el material intervenido.

En este caso, arrancó un trabajo casi inabarcable: analizar una por una las fichas de 5.000 menores en riesgo de exclusión social hasta encontrar alguno que apareciera en los vídeos, en los más de 12 terabites (medida digital) de archivos pedófilos y mil DVD’s localizados por la Guardia Civil con anterioridad. Desde entonces, los agentes tenían la sospecha de que una red afincada en España se acercaba a menores desfavorecidos para captarlos. Buscaba grabarles manteniendo sexo a cambio de dinero u otros favores y distribuirlo después a sus suscriptores. Un crimen doblemente detestable: primero por la edad de las víctimas y segundo por su pertenencia a los sectores más desfavorecidos. Miseria llama a miseria.

Sin embargo, el empeño de la Guardia Civil dio sus frutos y tras cientos de horas de trabajo, lograron identificar con nombres y apellidos a cuatro menores afincados en España. Cuatro niños conocidos por los servicios sociales al estar en riesgo de pobreza. Además, constataron la existencia de al menos otras 52 víctimas y 27 menores que aparecían de una forma más reiterada.

Fue entonces cuando la operación pasó a un nuevo plano. Al de la calle. La Guardia Civil rastreó el barrio valenciano de El Cabañal, donde vivía la mayoría de las víctimas identificadas en España. Hubo suerte y la madeja creció de nuevo: de 4 pasaron a 14 las víctimas identificadas que aparecían en los vídeos. Todos ellos residentes en la zona y todos, con un denominador común: su pertenencia a familias que atraviesan serios problemas económicos.

El análisis de las grabaciones desveló otra realidad terrible. Además de captar a menores en suelo español, los pedófilos investigados realizaban también viajes para grabar material fuera de nuestras fronteras. Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandioa, Singapur, Repúblic Checa, Kenia, Francia, Java o Bali. Cualquier destino era bueno para dejar su macabra huella.

Golpe a la red de distribución

Con esas piezas sobre la mesa, el grupo de Delitos Telemáticos comenzó a cuadrar el puzle. Llegó el momento de la tercera fase. De cerrar el círculo atacando directamente a los clientes. A aquellas personas que habían pagado para que los investigados abusaran de menores y luego lo grabaran en vídeo para su consumo personal. Nació así la operación Ebisu, que arrancó de forma oficial hace diez meses. 

En total, los agentes identificaron a 54 compradores repartidos por todo el territorio nacional y confirmaron que gran parte de los envíos se realizaba -según confirmaron gracias a la ayuda de los Mossos- desde una librería afincada en Barcelona. La empresa se dedicaba a gestionar las suscripciones y a enviar los paquetes, pero desconocía el contenido real de los mismos. De forma coordinada, los agentes realizaron 25 registros , detuvieron a 12 personas y la Justicia calificó como investigadas a otras 31 personas por delitos de corrupción de menores. Además, el listado de clientes fue repartido gracias a Interpol para que las distintas jurisdicciones investiguen a los clientes extranjeros. 

Uno de los detenidos es trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

En la provincia de Ciudad Real saltó una de las primeras sorpresas. Los agentes tenían pruebas de que uno de los clientes de la red estaba radicado allí, pero al entrar en su casa analizaron de una forma preliminar los archivos localizados en sus ordenadores. En pleno registro, se dieron cuenta de que aquel comprador era además productor de sus propios vídeos abusando de menores. Y que no lo hacía solo. En cuestión de minutos, los agentes lograron identificar a este segundo pederasta, localizarlo y ponerlo también a disposición de la Justicia. 

En Málaga, los investigadores descubrieron que otro de los clientes era un profesor de instituto que hacía servir su empleo y su situación de autoridad para acercarse a sus alumnos con fines sexuales. 

En Cantabria fue detenido el trabajador de una escuela infantil. En su vivienda la Guardia Civil encontró fotos de contenido pedófilo de los menores de la escuela, además de ropa interior de los pequeños. 

Ahora, con el caso cerrado, se abre una nueva madeja. La de analizar los vídeos localizados en estos nuevos domicilios para seguir tirando del hilo. Para garantizar que estos crímenes no queden sin castigo.