El lehendakari, Iñigo Urkullu, reconocía este lunes el cambio evidente en el Gobierno de España. Según el jefe del Ejecutivo vasco, Mariano Rajoy se negó a recibirle en Moncloa desde que volvió a ganar las elecciones, en 2016, y Pedro Sánchez ha tardado un mes.
No es para menos. Mientras que Rajoy fue investido con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, Sánchez le debe el puesto a los cinco parlamentarios del PNV, sin cuyo voto afirmativo en la moción de censura él no sería presidente.
Sánchez prometió en su discurso ante el Congreso mantener los Presupuestos, que ya contenían importantes concesiones al PNV, votó a favor del cupo vasco (sólo Ciudadanos se opuso) y este lunes ha prometido a Urkullu dos grupos de trabajo para comenzar a negociar nuevas transferencias a Euskadi y la retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional, que mantienen leyes clave de Ajuria Enea en suspenso.
La nota oficial emitida por la Presidencia del Gobierno explica que esos dos grupos de trabajo echarán a andar en julio, pero el contenido concreto de la negociación lo explicó el lehendakari.
El acercamiento de etarras
Entre ellas está el acercamiento de presos de ETA a Euskadi, defendido con vehemencia por el PNV, pero que encuentra la oposición del PP, Ciudadanos y buena parte del PSOE. "Se trata de abordar una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo social de las personas penadas y facilite su reinserción", explicó Urkullu.
Hasta ahora, la política penitenciaria estaba en manos de Interior, salvo en el caso de Cataluña, que tiene transferida esa competencia. Ahora, se decidirá en esa comisión conjunta con el Gobierno vasco.
La gran transferencia que Urkullu fue a buscar a Moncloa es la de la gestión económica de la Seguridad Social, muy reclamada por el PNV y que el Gobierno central tiene en exclusiva. El lehendakari ha reconocido que será "complicado", pero las negociaciones están a punto de comenzar.
Esos dos ejes no esconden un conjunto de 37 competencias pendientes de ser transferidas y que figuran en el Estatuto de Guernica. El Gobierno prefiere no hablar aún de acercamientos de presos etarras y ha preferido centrarse en dos infraestructuras ya más avanzada.
"La primera expresión será el traspaso de la gestión de las líneas ferroviarias Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Baracaldo", según Moncloa.
Cambiar el modelo de Estado
Urkullu también ha expuesto "la necesidad de abordar una reflexión sobre el actual modelo de Estado desde la asunción de su propia realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular".
"No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo", ha asegurado, informa Europa Press. Asimismo, le ha planteado "explorar la vía de una convención constitucional que permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución".
"Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos", ha manifestado. Sin embargo, Sánchez no tiene previsto ni siquiera abordar la financiación autonómica en esta legislatura, por lo que reformar la Carta Magna se antoja fuera de toda previsión realista.