Cristina Cifuentes tendrá que aclarar este martes en los juzgados de Plaza de Castilla cómo obtuvo el master de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos que le puso bajo sospecha. Una juez la investiga por presunta falsificación y cohecho por s obtuvo dicho posgrado sin cursarlo y que sus notas pudieron ser falsificadas.
Será difícil para la expresidenta madrileña defender que obtuvo dicho título de manera legal, pues sus coartadas se han ido desmoronando una a una. Ninguno de los alumnos que cursaron el master en la misma edición que ella la vio nunca en clase, según han declarado en sede judicial como testigos y alguno de ellos también como investigados, pues parece que Cifuentes no fue la única beneficiada por dicha universidad pública.
Tan solo uno de los profesores que calificó una de sus asignaturas con un sobresaliente, Rodrigo Martín, contó a la Cadena Ser, según publicó este medio, "claro que le di clase" y que si obtuvo esa nota "será porque se lo merecía". Sin embargo, este lunes cuando ha declarado como investigado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel se ha desdicho y ha sostenido que alguien debió manipular los archivos informáticos y calificarla en su nombre.
Tampoco ayuda que las tres profesoras que formaron parte del tribunal que deberían haber evaluado su Trabajo de Fin de Máster (TFM) hayan negado ni siquiera haberlo visto. Dos de ellas, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, han denunciado que sus firmas en el acta que calificaba dicho trabajo fueron falsificadas. La única profesora que reconoce su firma en el papel, Cecilia Rosado, dice que estampó su rúbrica por presiones de su jefe, el director de dicho master, Enrique Álvarez Conde, que este lunes se ha negado a declarar en sede judicial.
La versión de la Universidad
Cuando las sospechas sobre el master de Cifuentes salieron a la luz (21 de marzo) el rector de la Universidad, Javier Ramos, afirmó en una rueda de prensa que "Cristina Cifuentes se matricula del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico y aprueba todas las asignaturas del mismo, así como el Trabajo de Fin de Master".
Poco más de una semana después, Ramos daba una segunda rueda de prensa en la que anunciaba una investigación interna sobre el caso y contra Enrique Álvarez Conde y afirmó que "no constaba ningún acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo era obligatorio" y que "no ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa del trabajo haya tenido lugar", sobre el trabajo de Cristina Cifuentes. El rector, en representación de la Universidad, denunció los hechos antes la Fiscalía.
La URJC no puede certificar que Cifuentes cursara el máster ni que haya defendido el TFM
Las explicaciones de Cifuentes
Cuando el escándalo saltó a los medios de comunicación, concretamente a eldiario.es, el digital que destapó las presuntas irregularidades, la expresidenta madrileña defendió en la Asamblea de Madrid que "su título era perfectamente real y perfectamente legal" aunque reconoció que no había asistido a clase y no mostró su Trabajo de Fin de Máster porque no lo encontró.
Poco tiempo después y dado que su explicación no convenció, Cifuentes envió una carta al rector de la URJC en la que renunciaba a su formación en dicha universidad e intentaba volcar la responsabilidad sobre la institución pública: "He cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título" (...) "No obstante, según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento", escribía a Javier Ramos.
La investigación de la jueza
Sin embargo, la jueza Carmen Rodríguez-Medel que comenzó a investigar el caso a instancias de la Universidad y de la Fiscalía ha encontrado indicios suficientes para imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por presunta falsificación y cohecho impropio.
Cifuentes ha intentado, por medio de su defensa, eludir la declaración de este martes. El pasado viernes presentó un documento al juzgado (denominado declinatoria) en el que solicitaba la suspensión de su declaración al entender que el tribunal competente para juzgar el caso es el Tribunal Supremo. Argumentaba su abogada que, puesto que la jueza había solicitado al Congreso de los Diputados que informara sobre la condición de aforado de Pablo Casado -cuyo posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos también se investiga- creía que el tribunal competente sería el Supremo.
Pero la jueza considera que dicha petición es prematura, pues ella todavía no ha decidido que haya indicios irregularidades cometidas por Casado que deban elevarse al Supremo. En caso de que así fuera, tampoco significaría, explica la jueza, que toda la investigación (la pieza de Cifuentes y la de los estudios de Casado y otros alumnos) pasen juntas a dicho tribunal. Por tanto, ha desestimado la petición de la exdirigente popular, que continúa citada para este martes, aunque siempre podrá acogerse a su derecho a no declarar.