El Gobierno ve a Villarejo como enemigo del Estado y confía en Sanz Roldán para zanjar el caso Corinna
- "¿Por qué va a tener Corinna ningún derecho más que cualquier ciudadano?", se preguntan en el Gobierno.
- "No hay ningún motivo para no confiar en el director del CNI", explican.
- Sanz Roldán se convierte en el dique de contención de una crisis con amplias ramificaciones.
El debate en el Congreso de los Diputados duró casi seis horas. Pedro Sánchez compareció este lunes a petición propia para presentar las prioridades de su Gobierno e informar de las recientes cumbres internacionales en las que ha participado. El presidente del Gobierno, que no tenía límite de tiempo, habló en total 178 minutos y 44 segundos.
De ellos, dedicó exactamente 40 segundos (tras algunas vacilaciones previas) a responder sobre el tema que sale en todas las ruedas de prensa de buena parte de sus ministros y de la portavoz parlamentaria del PSOE. Se trata de las conocidas como cintas de Corinna, en las que la aristócrata y examante del rey Juan Carlos I asegura que el monarca emérito evadió impuestos, cuenta con propiedades en el extranjero y ha cobrado comisiones ilegales. Corinna zu Sayn-Wittgenstein también implica a Félix Sanz Roldán, director del CNI, que la habría amenazado en persona, a ella y a su familia.
El Gobierno está muy incómodo con la crisis desatada por las revelaciones, según confirman fuentes del Ejecutivo a este periódico. La crisis es una auténtica patata caliente. Porque afecta a la Casa Real y puede tener un impacto sobre la imagen del actual jefe del Estado o la popularidad de la monarquía. Porque afecta al CNI y a su director, al que la ministra de Defensa, de quien ha vuelto a depender, confirmó nada más llegar al Gobierno. Por último, porque las grabaciones fueron hechas por Villarejo y desde el Ejecutivo se le acusa de querer llevar a cabo un "chantaje al Estado" en beneficio personal, ya que se encuentra en prisión provisional y a la espera de que la Justicia decida por otras causas.
Un asunto que esquivar
Hasta ahora, el Gobierno ha tratado de esquivar el asunto. Cuando hay micrófonos, las respuestas son escuetas y no citan el nombre del rey Juan Carlos. "Las grabaciones que afectan a Corinna afortunadamente no afectan al jefe del Estado, su majestad el rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y por lo tanto ni las consideramos", dijo el viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Pero el domingo, el Gobierno rectificó y anunció que enviaría a Sanz Roldán a la Comisión de Gastos Reservados, conocida como de secretos oficiales, un órgano del Congreso que se reúne a puerta cerrada.
"No hay ningún motivo para no confiar en el director del CNI", explican fuentes del Ejecutivo. "Yo no sé si lo que se dice en las cintas, pero no tienen valor probatorio y además están en un juzgado. ¿Qué ha hecho el juez sobre ellas? A él es al que le corresponde decidir", explican fuentes gubernamentales muy implicadas en la gestión de la crisis.
"A Villarejo lo conocemos"
"A Villarejo lo conocemos y el Estado no va a ceder ante ningún chantaje", explican las mismas fuentes, que piden que haya una "tutela judicial" del asunto y que no entre a formar parte de la disputa entre partidos políticos. "Entra dentro del ámbito judicial, no del parlamentario". "¿Por qué va a tener Corinna ningún derecho más que cualquier ciudadano?", se preguntan en referencia a una comisión de investigación sólo porque la examante del rey haya vertido las acusaciones.
Según el Gobierno, en España no hay ninguna duda de que "el que la hace la paga" dentro de la ley, pero esa misma ley (la Constitución, para ser exactos) confiere inviolabilidad al jefe del Estado y no se podrían perseguir ninguna de las acciones de Juan Carlos I antes de junio de 2014, cuando abdicó. Ni aunque fuesen delito y él haya dejado de ser rey.
Sanz Roldán, dique de contención
El director del CNI se ha convertido en el dique de contención del Gobierno sobre el caso Corinna. Confía en él para que zanje la crisis, pero si no lo consigue, no descarta otras medidas. El Ejecutivo no aclara si incluyen cesar a Sanz Roldán para dar carpetazo a la polémica por la implicación del CNI o apoyar alguna de las iniciativas de Unidos Podemos, que quiere que comparezcan varias ministras y una comisión de investigación.
"El Parlamento se dota de sus comisiones. Tiene una comisión que se llama de Gastos Reservados, es decir, la extinta comisión de secretos oficiales. Lo que hemos dicho es que esperamos a saber cuáles son las informaciones, las aclaraciones que va a hacer el director del Centro Nacional de Investigación [sic], del CNI. A partir de ahí, lógicamente actuaremos", dijo Sánchez este martes en el Congreso. "Pero sustanciemos el debate donde la propia cámara está reconociendo que este tipo de debates se tienen que sustanciar. Y luego veremos exactamente cuál es el proceder", según él.
La comparecencia de Sanz Roldán no tiene fecha. Fijarla depende de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, cuyo partido, como Ciudadanos y el propio PSOE, no es partidario de airear las actividades del rey.