El PSOE votará contra sus socios de investidura para impedir que el Congreso investigue al Rey Emérito

El Gobierno ha recibido con espectral mutismo la decisión de Unidos Podemos, ERC y Compromís de registrar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar las "presuntas ilegalidades" cometidas por Juan Carlos I y cuyos indicios han sido revelados por EL ESPAÑOL en las conocidas como cintas de Corinna, en las que la aristócrata y expareja del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein relataba la ocultación de dinero en Suiza y el cobro comisiones ilegales. 

La propuesta suma a todos los apoyos que hicieron a Pedro Sánchez presidente, ya que además de los grupos citados, que fueron los que la registraron, también será promovida por el PDeCAT y por el PNV, partido no abiertamente republicano que este martes anunció su respaldo. Según los nacionalistas vascos, que durante décadas han convivido con naturalidad con la Casa Real, los audios de Corinna podrían revelar "graves irregularidades que requieren una aclaración". 

En estos momentos, Sánchez está entre votar con sus socios o tumbar la comisión con su voto en contra (previsiblemente, el del PP y Ciudadanos) o su abstención. La primera opción está prácticamente descartada.

Tras asegurar que ni consideraba las grabaciones, el Gobierno anunció hace dos domingos la comparecencia a petición propia de Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que Corinna acusa directamente de amenazas contra ella y su familia.

Una comparecencia sin entrar al fondo

Sanz Roldán hablará este miércoles a las 17:00 en el Congreso. Lo hará a puerta cerrada en la comisión de Gastos Reservados, también conocida como secretos oficiales. Mencionar una y otra vez esa comparecencia y que esclarecerá todas las dudas, aunque por su naturaleza es privada, ha sido la estrategia del Gobierno para evitar responder sobre el deterioro de la imagen de la Corona, las implicaciones para Felipe VI o para órganos vitales de la seguridad del Estado.

Pero pocos esperan unas explicaciones sobre la naturaleza de las actividades del rey sino una defensa de las actividades del CNI y una dura crítica al excomisario José Manuel Villarejo, autor de las grabaciones. 

Aunque hasta ahora no se ha descartado oficialmente apoyar la comisión de investigación si quedan dudas tras la declaración de Sanz Roldán, la posibilidad de abrir las pesquisas en sede parlamentaria es más que remota según explican fuentes del Gobierno a este diario.

"Es algo que heredamos"

"Entendemos que los medios hagan su trabajo, pero el Gobierno apoya a la Casa Real", explican estas fuentes, que creen que el enfado de sus socios parlamentarios o el desgaste de la imagen de Sánchez al tumbar la comisión es perfectamente asumible. "Es algo que heredamos y tiene su cauce en los tribunales", añaden. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada y ha pedido a EL ESPAÑOL las grabaciones publicadas para estudiarlas e investigar, algo a lo que el periódico ha accedido inmediatamente. 

Esa es la vía que el Gobierno prioriza, por su exhaustividad burocrática que servirá como justificación para evitar un espectáculo parlamentario del que sólo pueden salir beneficiados los partidos republicanos, según razonan en el Gobierno y en el grupo socialista. 

La semana pasada, el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya advirtió de que no concibe la transparencia como un ejercicio "para desgastar instituciones e imágenes", como la del rey emérito.