Sánchez retira el recurso contra la ley vasca de abusos policiales que favorecerá a miles de proetarras

Víctimas del terrorismo, sindicatos de la Policía y organizaciones de la Guardia Civil coinciden en criticar el movimiento de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno otorgará al PNV -cuyos votos fueron imprescindibles para llevarlo hasta la Moncloa- uno de sus mayores anhelos políticos: permitir la puesta en marcha de la ley abusos policiales. Un texto que acoge la creación de una comisión de valoración para dirimir sobre casos de torturas, al margen de sentencias o informes policiales.

El asunto viene de lejos. El Gobierno vasco promovió en 2016 la creación de la ley de abusos policiales, pero el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional en mayo de 2017. Desde entonces, el texto está paralizado.

De acuerdo al contenido de la ley, se creará una comisión de valoración compuesta por diez personas para dirimir sobre supuestos casos de torturas o malos tratos de la Guardia Civil, la Policía o la Ertzaintza. Los miembros de esta comisión serían designados políticamente.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció este martes que Pedro Sánchez había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo vasco, encabezado por Íñigo Urkullu, para retirar el recurso que en su día interpuso Mariano Rajoy. Urkullu únicamente se comprometió con Sánchez a promover ligeros retoques a la norma. Sin este obstáculo, no habrá mayores impedimentos para sacarla adelante.

Erkoreka afirmó que, con este acuerdo entre Sánchez y Urkullu, se logró "salvaguardar el contenido y la operatividad de la Ley y garantizar que las víctimas" de abusos policiales "puedan ser reconocidas y reparadas al amparo de esta norma".

Cabe recordar que el pasado 1 de junio Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno tras prosperar una moción de censura en la que los votos del PNV fueron cruciales para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Las quejas de víctimas y policiales

El movimiento de Pedro Sánchez ha sido criticado por víctimas del terrorismo y Cuerpos policiales -a través de sindicatos y asociaciones-. Así lo hicieron saber a través de un comunicado firmado por Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación española de policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC).

"[La ley] implicaría dejar en manos del Gobierno Vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional", consideraron los firmantes del comunicado. En el documento solicitan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de abusos policiales. A tenor de las declaraciones de Erkoreka, parece que su petición no sólo no será atendida, sino que será este mismo viernes cuando se anuncie la decisión tras el Consejo de Ministros.

Covite y las asociaciones policiales lamentan que esta comisión determinará "quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es" y que se constituirá "un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales". También consideran que el Gobierno vasco pretende "perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años".

Los firmantes del comunicado remiten a antecedentes como el informe sobre torturas elaborado por el Instituto Vasco sobre Criminología que la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco publicó el pasado mes de diciembre. En él se cifraban en 4.113 los casos de torturas entre 1960 y 2014. Covite y las asociaciones policiales consideran que la estadística "no se basa en hechos probados y contrastados: "Los 4.113 casos analizados en el informe eran de denuncias de torturas, y de todas estas denuncias, solo 202 habían sido investigadas".

"Dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave como la tortura por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa, contrastada e imparcial es muy grave", aseguran los firmantes, no sin antes afirmar que las torturas o los abusos de poder se tratan de delitos "deleznables". En cualquier caso, aconsejan a Sánchez actuar con cautela: "Acusar al Estado de practicar vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática es asumir la teoría del conflicto".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpuso este martes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para intentar impedir que la ley salga adelante. Fuentes próximas señalan que las demás organizaciones se sumarán a este recurso.