PNV y Bildu, aliados por el derecho a decidir: todos los 'proyectiles' del nuevo Estatuto

El Parlamento Vasco ha cerrado el texto de bases sobre el que levantar un estatus jurídico-político para el País Vasco que modifique el afianzado por el Estatuto de Gernika de 1979. El nuevo sujeto político, aún sin nombre, que sustituiría a la comunidad autónoma se erigiría al mismo nivel que el Estado, con el que establecería una relación bilateral de igual a igual, sin supeditación alguna, y accedería a un amplio fondo de poder competencial, incluida la Justicia y la Seguridad Social.

Semana a semana la ponencia de autogobierno de la Cámara ha ido aprobando distintos documentos sobre los principios inspiradores y las características y atribuciones de la nueva Euskadi y este viernes ha completado su trabajo fijando la política exterior y derechos y deberes de la ciudadanía. El borrador recoge que, una vez fuera acordado por el Parlamento, el nuevo proyecto político sería sometido a una consulta habilitante de la ciudadanía vasca, sin carácter vinculante, antes de abrir un proceso de negociación con las Cortes para su aprobación y posterior ratificación en referéndum.

El modelo proyectado, basado en el derecho a decidir, ha sido pactado únicamente entre PNV y EH Bildu. Ambos grupos tienen mayoría en la Cámara -46 de 75 escaños- y se amparan en que los derechos históricos forales están recogidos en la Constitución de 1978 para defender que su “actualización” se enmarca dentro de la legalidad. Mientras, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP denuncian que el sesgo nacionalista de la propuesta niega la pluralidad vasca y desborda el ordenamiento legal al plantear “de facto” un Estado de carácter confederal en sustitución de la España de las autonomías. Sólo al abordar la parte más social, la concerniente a los derechos y deberes de los ciudadanos vascos, el consenso se ha ampliado a Elkarrekin Podemos.

A partir de septiembre cinco expertos juristas – uno por cada grupo- dispondrá de ocho meses para redactar el articulado del nuevo estatuto. Su propuesta tendrá que volver al Parlamento y ser sometida a las enmiendas de los partidos en busca de un acuerdo previo con el que acudir a las Cortes, donde en 2005 se tumbó el “plan Ibarretxe”.

EH Bildu marca al PNV

Paradójicamente, la transversalidad y el amplio acuerdo por los que aboga en público el lehendakari Íñigo Urkullu distan mucho de ser una realidad. El PNV, que ha hecho gala de su habitual pragmatismo en Madrid al apoyar el ascenso de Pedro Sánchez a La Moncloa y gobierna en el País Vasco con el PSE-EE, ha elegido a la izquierda abertzale como compañero de viaje para profundizar en el autogobierno vasco, dejando atrás la búsqueda de planteamientos más posibilistas. Tanto es así que el PNV, que en momentos claves se ha distanciado de la deriva separatista de Cataluña, se arriesga ahora a recorrer un camino de enfrentamiento con el Estado según alertan sus socios de gobierno, los socialistas vascos, quienes confían en el trabajo de los expertos para reconducir la situación.

Según algunas interpretaciones el PNV se ha visto forzado a mantener sus propuestas de máximos ante el giro estratégico de la izquierda abertzale. EH Bildu ha aparcado la ruptura con España y la persecución de la independencia para aceptar los planteamientos de soberanía compartida del PNV entrando a debatir en su mismo terreno. “EH Bildu ha comprado como su mínimo el guión de máximos del PNV”, asegura la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.

"El pueblo vasco es nación"

El preámbulo recoge el espíritu del texto. En él los nacionalistas aspiran al reconocimiento del sujeto jurídico-político encarnado por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, parte integrante de la “nación” Euskal Herria, al blindaje del autogobierno y a la configuración de una relación “bilateral” con el Estado. Definen el modelo como “de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo y de naturaleza confederal”. El sujeto político no estará “subordinado” al Estado y para su denominación proponen hasta cinco nombres, entre ellos los de Comunidad Vasca Estatal y Estado Foral Vasco.

“El pueblo vasco es nación porque así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía y porque además cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado” recoge el documento pactado por PNV y EH-Bildu, que señala el euskera como rasgo identitario y extiende su ámbito geográfico a Euskadi, Navarra y los tres territorios de Iparralde. En el texto no se alude a la comunidad autónoma vasca, reconocida en el Estatuto de Gernika, sino a Euskal Herria, un pueblo con “identidad propia” y “un sentido altamente compartido de pertenencia a una misma comunidad política, a una misma nación”.

Sus redactores aseguran que el nuevo estatuto debe atender al principio de legalidad, pero supeditan éste “al valor primario” del “principio democrático” del derecho a decidir. Afirman que se trata de reconocer el derecho de los vascos “a ejercer su voluntad colectiva” para acordar “fórmulas de convivencia” con España. Una voluntad sin cortapisas legales e ilimitada, según la reserva expresa incluida en la disposición adicional del texto, en la que se alude a los derechos históricos para dejar abierta la puerta a la independencia.

Ciudadanía y nacionalidad 

Los principios inspiradores adquieren concreción en el título preliminar, donde la legalidad se convierte en el “cauce adecuado” para que todos los proyectos respaldados mayoritariamente “puedan ser materializados”, dejando al arbitrio de las instituciones vascas la potestad de realizar consultas populares y referéndums sobre las relaciones que se desea tener con el Estado y con la Unión Europea, así como con Navarra e Iparralde. Con estos últimos se contempla la posibilidad de establecer estructuras u órganos “permanentes y comunes”.

Para el desarrollo de un modelo de “bilateralidad efectiva” con España se aboga por “foros de arbitraje y de resolución de conflictos rigurosamente igualitarios” y la eliminación de mecanismos de suspensión unilateral de normas e intervención de la autonomía, en alusión al artículo 155 de la Constitución aplicado en Cataluña.
El euskera, “elemento de identidad nacional”, es considerado como la “lengua propia” aunque el castellano es también “lengua oficial” y toda la ciudadanía tendrá el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Las instituciones vascas se valdrán de la política lingüística para superar “el actual desequilibrio”.

El texto recoge una idea ya concebida en el “plan Ibarretxe” y diferencia entre ciudadanía y nacionalidad vasca, uno de los aspectos más censurados por los gupos no nacionalistas.

La vecindad administrativa otorgaría la ciudadanía vasca y se convertiría en la puerta de acceso a los servicios públicos, pero una ley aprobada por el Parlamento Vasco regularía la concesión de la “nacionalidad vasca”. La redacción a este respecto es bastante imprecisa. Desde el grupo parlamentario del PNV aclaran a EL ESPAÑOL que “al igual que en el Estado español es posible compartir la nacionalidad española con la de países iberoamericanos, aquí se podría hacer también de forma voluntaria sin eliminar ni prohibir la nacionalidad española y sin que supusiera ningún tipo de privilegio”.

Momento del acto de entrega de diplomas a los miembros de la XXVI promoción de la Ertzaintza José Ramón Gómez Efe

Para los socialistas, en cambio, la distinción entre ciudadanía y nacionalidad se traduciría en “ciudadanos de primera y de segunda”. “Quienes no adquirieran la nacionalidad vasca serían tratados como alemanes en Mallorca, con derechos sociales pero con derechos políticos limitados”, explica Idoia Mendia recuperando un simil utilizado por Xabier Arzalluz en el pasado.

Seguridad Social propia 

Los nacionalistas plantean un considerable incremento del “fondo de poder” del autogobierno vasco y, al margen de las transferencias pendientes, pretenden ampliar significativamente las competencias exclusivas de Euskadi. En su punto de mira están la Administración de Justicia, incluida una política penitenciaria propia, la Seguridad Social al completo mediante la ruptura de la caja de las pensiones y no sólo la gestión de su régimen económico, la titularidad de todas las infraestructuras y recursos naturales del territorio – desde puertos y aeropuertos hasta playas y yacimientos de gas marítimos- , la extensión y perfeccionamiento del Concierto Económico, amplias atribuciones en política exterior y un marco propio de relaciones laborales. Una cláusula residual de competencia extendería las atribuciones a todas las materias y ámbitos que no hayan sido expresamente reservados al Estado español.

Para resolver los conflictos competenciales el documento recoge la tesis defendida desde hace años por el PNV de configurar una suerte de Concierto Político, similar al funcionamiento del Concierto Económico, para blindar el autogobierno vasco. Habría una comisión mixta que tendría que obrar siempre con acuerdo, un foro arbitral posterior y sólo en última instancia intervendría el Tribunal Constitucional a través de una “sala paritaria especial” que actuaría con “imparcialidad y objetividad”.

Divergencias sobre Justicia

El capítulo relativo al Poder Judicial es el único en el que PNV y EH Bildu no se han puesto del todo de acuerdo.

El PNV aboga por una jurisdicción independiente, con un Tribunal Superior de Justicia en su cúpula con facultades disciplinarias y de casación y revisión en todas la materias sobre competencias exclusivas. A diferencia de EH Bildu que no lo acepta, reconoce al Tribunal Supremo capacidad de unificación de doctrina en relación a la legislación dictada por el Estado y de aplicación en el País Vasco.

Es prácticamente la única discrepancia. Los dos grupos coinciden en defender un sistema de justicia propio con atribuciones de auto-organización en todas las instancias, así como en lo referente a la designación de magistrados y jueces y nombramientos de secretarios y auxiliares de la Administración. También se reservan la competencia sobre la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal.
Su esquema alberga un Consejo General del Poder Judicial, mientras que las labores de Policía Judicial estarían reservadas únicamente a la Ertzaintza.

'Embajadas' y selecciones nacionales

La misma inspiración soberanista recorre el apartado dedicado a las relaciones con Europa y el resto del mundo, donde podrían abrir “embajadas”, citadas como delegaciones u oficinas, y tener presencia en todos los órganos internacionales cuya regulación lo permita.

PNV y EH Bildu reclaman interlocución directa y representantes permanentes en la UE. Pretenden que Euskadi intervenga en todos los órganos e instituciones europeas para negociar los asuntos relacionados con las competencias transferidas y que el Estado pacte previamente su posición con las instituciones vascas en asuntos que puedan afectar a su capacidad de autogobierno.

Se garantizarían además un puesto en el Ecofin, la defensa jurídica ante el Tribunal de Luxemburgo y demandarían contar con circunscripción propia para las elecciones al Parlamento Europeo. Los fondos europeos serían gestionados sin supervisión estatal.
El borrador del nuevo estatuto recoge también otra clásica aspiración nacionalista, la de que las selecciones deportivas vascas participen en competiciones internacionales.

'Liberadas' de "los trabajos del hogar"

La síntesis aprobada sobre derechos y deberes ha sido redactada por Elkarrekin Podemos que ha incluido un apartado específico para las mujeres. Junto al derecho al aborto y la libertad sexual, a una sociedad libre de violencia machista, a la igualdad de oportunidades y a la democracia paritaria a niveles públicos y privados, el documento recala en el ámbito doméstico. “[Las mujeres] Tienen derecho a no estar obligadas ni condicionadas a hacer labores de cuidado o a realizar trabajos del hogar por el mero hecho de ser mujeres, por estereotipos o mandatos de género”, se asegura en el texto. En él corresponde a las instituciones implementar un sistema de atención universal para los cuidados, considerado derecho subjetivo de la ciudadanía.

Además del feminismo concebido como “elemento troncal” del nuevo estatuto, la propuesta amplía las garantías normativas tradicionales –sanidad, educación, empleo, vivienda- para una vida digna y asegura la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos mediante una renta mínima de ingresos.

Se incluye el derecho a una educación pública, gratuita y euskaldún –no se menciona el castellano- y en los derechos lingüísticos se recoge también únicamente el del aprendizaje de la lengua vasca aunque se añade que los ciudadanos podrán dirigirse a las instituciones en la lengua oficial “que deseen”.

El cierre del borrador ha reiterado el posicionamiento de los partidos. EL PNV niega que el documente vulnere la ley, EH Bildu considera que cerrará “el ciclo del autonomismo” y Podemos se lamenta de que las “cuestiones identitarias” le hayan impedido llegar a más acuerdos. En su voto particular a la globalidad del texto el PSE-EE recuerda que desde los Estatutos “no se pueden modificar aspectos nucleares de la Constitución”; mientras el El PP vasco, que lo enmendará la semana próxima, estima que lo acordado “conduce al País Vasco a un callejón sin salida”.