Puigdemont azuza la caza de brujas de Torra y liga al Rey con la “amenaza de una ola de violencia”

El mundo al revés, como si la policía persiguiese a los que limpian la pared y protegiese las autores de pintadas. Está pasando en Cataluña con la propaganda en las calles. El Govern ha elevado la batalla por la simbología en la vía pública a la categoría de prioridad en su agenda, pasando de la amenaza a la acción y dejando de lado una mínima apariencia de neutralidad, con el inicio por los Mossos de acciones contra 14 personas que habrían retirado lazos amarillos y a los que se acusa de una “presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana”. Una actuación que el Ejecutivo catalán, a través del departamento de Interior, ha tachado de "daños en el dominio público" y que castigará con sanciones administrativas de entre 600 y 30.000 euros.

Pese a la sobrecarga de trabajo de la que se han quejado en un manifiesto interno los Mossos d’Esquadra, el cuerpo ha tenido que destinar un equipo de agentes específicamente a la labor de encontrar a aquellos que hayan retirado símbolos independentistas. Los 14 identificados de los que se dio cuenta el fin de semana, y a los que se habrían requisado linternas, mapas y prendas para taparse la cara, habían actuado en localidades como Móra la Nova y Tivissa, en el sur de la provincia de Tarragona. Los Mossos han informado también de que no existe denuncia alguna cursada contra la actuación del grupo, es decir, que ha sido el Gobierno de Torra el que ha actuado por iniciativa propia.

Puigdemont: "Es gravísimo"

Una caza de brujas azuzada desde Waterloo por Puigdemont, que a través de Twitter ha calificado de "gravísimo" el hecho de que hubiese un agente de la Guardia Civil en ese grupo de 14 identificados, pese a que los propios Mossos especifican que participaba en esas acciones en su tiempo libre. No contento con la utilización de los Mossos para perseguir a constitucionalistas, el expresident pide explicaciones "urgentes" al Gobierno español y a su delegada en Cataluña, señalando incluso al Rey como inspirador de "la ola de violencia desatada".

"Su 'a por ellos' bendecido por Felipe VI se les está escapando de las manos y amenaza con agravar la ola de violencia desatada", aseguró el expresident a través de Twitter. Una versión casi calcada a la que horas después expresó el Govern, por boca de su vicepresident, Pere Aragonès, que pidió explicaciones al Ejecutivo Sánchez, tan tibio en los últimos días en su respuesta a las envites de Torra. "Exigimos al Gobierno que controle a su gente, a los que se dedican a perseguir la libertad de expresión", ha dicho Aragonès, que de paso ha acusado a Ciudadanos de provocar una "fractura social", alentando a "pelotones" que "reprimen la libertad de expresión".

Rivera: "Policía política"

Entre esos 14 identificados, además de un guardia civil, hay afiliados precisamente de la formación naranja, que el 28 de julio anunció una campaña para limpiar las calles de simbología separatista, tomando como referencia un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba retirar una estelada del consistorio de San Cugat porque atentaba contra "la neutralidad ideológica institucional". Ese fallo, referido en concreto a los edificios públicos, es el único hasta el momento emitido por cualquier órgano de Justicia sobre la guerra de simbología en calles e instituciones, recrudecida en los últimos meses.

Los propios Mossos han cuestionado la orden recibida de identificar individuos por retirar propaganda separatista, refiriéndose al mismo fallo. La Unió de Mossos per la Constitució (UMC), a través de su cuenta de Twitter, ha recordado que "la retirada de símbolos partidistas no autorizados está amparada por la sentencia del TSJC de 5 de Julio sobre la neutralidad de los edificios y espacios públicos por parte de las administraciones locales". "UMC no se opone a su retirada y exige el cumplimiento de la sentencia", concluyen.

"Como policía política", ha denunciado Albert Rivera, está utilizando Torra a los Mossos, después de conocerse la identificación y multa de esas 14 personas el
sábado. "Ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran, el mundo al revés. El pacto de Sánchez con los
supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, se equivoca de aliados", afirmó Rivera a través de Twitter.

Pere Huguet Tous, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana y presidente de Llibertats, también ha cuestionado la legalidad de las identificaciones realizadas por los Mossos, que podrían constituir un delito de prevaricación. "Quitar lazos amarillos de la vía pública no es infracción alguna de la Ley de Seguridad, incoar un procedimiento por ello podría ser un delito de prevaricación. Ponerlos es una infracción de las ordenanzas no incoar por ello también puede ser un delito de prevaricación", reflexiona en Twitter.