La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado claro este lunes que el Gobierno defenderá en Bélgica la integridad jurisdiccional de España y los intereses de nuestro país, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, hasta "sus últimas consecuencias".
En una entrevista en Radio Nacional, Delgado ha querido poner de manifiesto la "transparencia" que ha presidido toda la actuación del Ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de su exconsellers habían interpuesto en Bélgica contra Llarena.
El Gobierno ultima la contratación de un bufete en Bélgica para la defensa de Llarena
Tras enumerar todos los pasos que se han ido dando hasta el momento, Delgado ha sido tajante: "Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena".
Delgado ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.
Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que "no entra en el fondo" de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.
"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado.
En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución".