Sánchez propone eliminar los aforamientos con una reforma de la Constitución exprés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros propondrá reformar la Constitución para eliminar los aforamientos. "Entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados", ha dicho ante dos centenares de personas. 

La reforma sería por el procedimiento abreviado, al no afectar a títulos fundamentales de la Carta Magna. Según el propio texto constitucional, la reforma necesita tres quintos del Congreso y otro tanto del Senado que Sánchez espera lograr ya que la medida figura en los programas electorales de varios partidos.De no lograrse esa mayoría reforzada, podría lograrse con la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. En otras palabras: si el PP no respalda la medida, no saldrá adelante. 

Ciudadanos ha hecho de ella una de sus banderas y formó parte del acuerdo con el PP que permitió gobernar a Mariano Rajoy en el principio de esta legislatura. En ese sentido, Sánchez ha elegido una medida que, en principio, genera un amplio consenso y que no sería un problema para la mayoría de fuerzas. Tampoco si una décima parte de los diputados o senadores reclamara un referéndum, algo a lo que tienen derecho según el artículo 167 la Constitución.

Fuentes del Gobierno han aclarado que la reforma afectaría, en principio, a diputados al Congreso, senadores y miembros del Gobierno, que seguirían manteniendo la protección del aforamiento para las actividades relacionadas con su cargo. No se contempla dejar sin aforamiento a miembros de la carrera judicial.  

Tercera reforma constitucional

Se trataría de la tercera reforma de la Constitución desde que se aprobó en 1978. La primera fue para facilitar el voto de ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales. La última, en 2011, cuando se reformó el artículo 135 para reforzar el control presupuestario. Esa reforma fue muy contestada por la izquierda, que criticó a José Luis Rodríguez Zapatero por lo que creían una cesión de soberanía ante la austeridad recetada por las instituciones europeas. 

Se calcula que en España hay unos 250.000 aforados, pero en su mayoría se trata de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los aforados a los que se refiere Sánchez son, fundamentalmente, los diputados (del Congreso y parlamentos autonómicos) y senadores, ministros, miembros de la carrera judicial o el defensor del Pueblo. 

El pasado día 14 la ministra de Justicia, Dolores Delgado encargó a la sección procesal de la Comisión General de Codificación un informe sobre "la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener sólo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables".

El plazo que les ha dado termina el 30 de noviembre, así que, si lo agotan, los 60 días de Sánchez podrían resultar precipitados.

Ser aforado implica no ser juzgado por los tribunales ordinarios, una medida de protección para que los políticos no sean objeto de demandas encaminadas a boicotear su actividad política. Sin embargo, la protección especial hace que a un diputado haya de juzgarlo el Tribunal Supremo ya se trate de asuntos que tengan que ver con su actividad política o con el ámbito personal. Eso complica la actuación de la justicia y los magistrados que deben inhibirse en favor de los tribunales superiores competentes.

Presupuestos a finales de noviembre

El presidente ha hecho este anuncio en un acto convocado bajo el lema "Avanzamos", organizado para hacer reivindicar los 100 días de Gobierno socialista. Al acto han acudido representantes de sectores económicos, culturales o periodísticos.

En él también ha anunciado que el Gobierno remitirá "a finales de noviembre o principios de diciembre" los Presupuestos al Congreso de los Diputados. 

Con el acto, celebrado en la Casa de América en Madrid, el Gobierno quería tomar un nuevo impulso tras una semana muy complicada, probablemente la peor desde la moción de censura, en la que dimitió la ministra de Sanidad, Carmen Montón y el propio Sánchez se vio acorralado por las dudas sobre su tesis doctoral.