Sánchez propone suprimir aforamientos sin pactarlo con la oposición, sus socios ni sus ministros

Pedro Sánchez hizo su anuncio y se hizo el silencio durante unos segundos. Pronto se amontonaron los comentarios y las preguntas. "El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando. En consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos", dijo este lunes el presidente del Gobierno ante buena parte de su Gobierno, empresarios, directores de medios de comunicación y actores.

El acto, convocado para conmemorar los 100 días de Gobierno socialista, venía revestido de una solemnidad especial y los asesores del presidente habían avanzado un "anuncio importante". 

Según Sánchez, si los grupos parlamentarios tienen "altura de miras", "suprimir los aforamientos" puede hacerse "en tan solo 60 días" desde que comience a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahí lo que dijo Sánchez. En cuanto acabó su discurso, una nube de periodistas interrogó a los principales miembros del Ejecutivo para conocer más detalles, pero la mayoría no tenían detalle alguno. La que sí conocía el fondo era Carmen Calvo, la vicepresidenta, que en conversación informal con los periodistas precisó que no se aplicaría a las 250.000 personas que gozan de protección especial sino tan solo a los diputados al Congreso, senadores y miembros del Gobierno. 

En qué consiste la reforma

Pero ni siquiera estos perderían el aforamiento sino que lo verían limitado a las actividades en razón de su cargo. Es decir: sólo el Tribunal Supremo podría investigar a un diputado por un caso de corrupción, como ocurre ahora, pero un tribunal ordinario podría encausarlo por cualquier otro delito, desde uno contra la seguridad vial hasta prevaricación administrativa y cohecho impropio, los que una jueza cree que puede haber cometido Pablo Casado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Como el líder del PP está aforado, en estos momentos espera para conocer si el Tribunal Supremo admite o no a trámite el caso y sigue así las orientaciones de la titular del juzgado de instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel. 

Los cuatro principales partidos llevan en sus programas, con más o menos matices, la limitación de los aforamientos. El PSOE y Ciudadanos están bastante de acuerdo en la fórmula y, de hecho, el Congreso debate este miércoles una resolución no vinculante del partido naranja que conmina al Gobierno a hacer precisamente lo que ha anunciado Sánchez. Podemos pidió en su programa acabar con todos los "privilegios de los electos", mientras que el PP sólo defendía "reducir los aforamientos", sin concretar cómo ni cuántos. 

Ministros con reparos

La propuesta de Sánchez sorprendió a casi todos. Para empezar a sus propios ministros. En conversación con EL ESPAÑOL, alguno expresó su claro escepticismo por una reforma que, según este miembro del gabinete, no tenía sentido alguno. Otro ministro recordó que retirar los aforamientos sólo tiene sentido en países donde poner una denuncia falsa o infundada se castiga tan duramente que a pocos se les ocurre interponer una para exclusivamente torpedear la acción política de un cargo público, aunque sea en aspectos privados y no políticos. "Creo que es caer en la trampa de los que con bastante ignorancia identifican aforamiento con impunidad", explicó un tercero.

Varios de los ministros de Sánchez tienen reservas sobre la medida, que no fue consensuada dentro del gabinete sino un anuncio personal del presidente que algunos desconocían. 

Sin pactarlo con la oposición

Sánchez tampoco consensuó su reforma de la Constitución con ningún grupo de la oposición, aunque necesita tres quintos tanto del Congreso como del Senado para sacarla adelante. De no lograr esa mayoría, podría someter la iniciativa a votación de nuevo siempre que disponga de una mayoría absoluta en el Senado, que en estos momentos está en manos del PP, y una mayoría absoluta del Congreso. 

La última reforma de la Constitución, en el verano de 2011 y abanderada por José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a la cámara con un rápido acuerdo entre él y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, que después ha contado muchas veces como anécdota que le bastaron 10 minutos al teléfono con el presidente para brindar su apoyo. Se trataba de la reforma del artículo 135 para reforzar los controles a la deuda y gasto públicos indicados por las instituciones europeas. 

Un síntoma de cómo está hoy la política española es precisamente que para tocar la ley de leyes, la que delimita el terreno de juego para todos los partidos, el anuncio se haga en un acto que promociona los 100 días del Gobierno y sin consulta con el principal partido de la oposición. Así lo ven algunos referentes del PSOE, que creen que en épocas pasadas se hubiera planteado de otra manera. Pero el momento es otro y la desconfianza entre los partidos es máxima, como pudo verse la semana pasada con las polémicas por el máster de Carmen Montón y la tesis del propio Sánchez. 

Socios dubitativos

El presidente, que gobernará hasta donde se mantenga su alianza con Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDeCAT, tampoco consultó a varios de sus socios. El partido de Pablo Iglesias anunció que pedirá un referéndum sobre la medida, algo que puede forzar ya que todo cambio en la Constitución puede someterse a consulta si lo piden 35 diputados  o 27 senadores. Además, pidió medidas sobre las puertas giratorias o la Corona. El PDeCAT aseguró que estudiaría la propuesta pero no avanzó su posición, como ERC. Ambos pidieron una solución para la crisis institucional en Cataluña. 

Pese a todo, Ciudadanos y Podemos ya se han mostrado dispuestos a apoyar la reforma. Pero el PP es imprescindible y, de momento, muestra infinitamente más recelos.