El Gobierno rebaja un grado su acusación, pero pide penas altas para los líderes del 'procés'

La Fiscalía y la Abogacía del Estado no caminan juntas en su acusación contra los líderes independentistas catalanes, procesados y a la espera de juicio, pero ambas reclamarán este viernes altas penas de prisión en las que el Tribunal Supremo podría apoyarse para mandarlos a prisión durante más de una década. 

La Abogacía del Estado acusará a los principales líderes del procés por un delito de sedición y malversación. Excluirá la rebelión, un tipo más grave que el de sedición, con el que comparte implicaciones pero para el que es necesario un alzamiento "de forma violenta" contra el Estado. 

La decisión tiene muchas implicaciones, ya que para empezar deja al descubierto una gradación diferenciada entre las dos acusaciones. Eso permite a los independentistas argumentar que hay discrepancias dentro de estas dos instancias del Estado y al mismo tiempo a los constitucionalistas defender su autonomía y ausencia de control. 

Pero, además, la acusación de la Abogacía permite al Gobierno mostrar que ha hecho el gesto que le pedían los independentistas a la hora de aflojar un poco en lo que de él depende. Y la Abogacía del Estado está integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, aunque una decisión así, muy delicada para el Ejecutivo, trasciende mucho los confines del departamento que dirige Dolores Delgado.

Un gesto pero muchos años de cárcel

Puede que el Gobierno, que hasta ahora mantenía una estricta neutralidad ante la Fiscalía y, pretendidamente también, ante la Abogacía, esgrima que su posición jurídica es mucho más razonable y debe ser comprendida por los independentistas. Pero la acusación de la Abogacía del Estado bien podría ser vista como un gesto de cara a la galería. La explicación es la cuantía de las penas.

Los servicios jurídicos del Estado podrían haber reclamado sólo malversación, juicio por el que se personó en febrero en el proceso, argumentando que lo primordial es la recuperación del dinero público. Al añadir sedición eleva la pena mínima total a un entorno de 14 años de prisión. Y eso es mucho tiempo como para ser considerado una victoria por los independentistas o desencadenar el apoyo de ERC y PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado, algo para lo que ambos partidos reclamaban un "gesto" de Moncloa. Todo podría seguir pues en el aire, al albur de las reacciones o las estrategias políticas de unos y otros. 

Una panoplia de opciones para la sala del Supremo

Ahora, la sala del Supremo que va a juzgar a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, además de a otros exconsellers y miembros de la Mesa del Parlament, para los que las peticiones serán en principio más bajas, tendrá a su disposición una panoplia de posibilidades, todas de reproche penal muy firme

Diversas fuentes jurídicas y conocedores de las argumentaciones de los magistrados que estarán al frente del juicio creen que, una vez escuchadas la Abogacía y la Fiscalía, el tribunal se decantará por contundentes penas de prisión.

En ese sentido, el mensaje de los líderes independentistas, que reclaman la absolución o penas muy bajas que apenas comporten más tiempo de cárcel, parecen tener pocos visos de materializarse. Y el president de la Generalitat, Quim Torra, ya ha advertido de que "no aceptará" una condena contundente, aunque no haya explicado qué hará si se produce. 

En cualquier caso, el cambio de criterio en el Gobierno es evidente, respecto al Ejecutivo del PP e incluso respecto a lo que el PSOE decía en la oposición. La Abogacía se personó en febrero por malversación, pero en agosto se mostró a favor de abrir juicio oral a los procesados por el delito de rebelión, como la Fiscalía. Fue antes de las nuevas posturas expresadas por el Gobierno 

Así se fragua un cambio de postura

La semana pasada, Calvo aseguró que "lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas". "Para hablar de golpe de Estado, para hablar en ese sentido de delito máximo, tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza. Un golpe de Estado requiere fuerza, y unos instrumentos de fuerza coercitivos", señaló la vicepresidenta en una entrevista. El propio Sánchez aludió a esta argumentación, aunque de manera velada, en la tribuna del Congreso. 

La acusación de la Abogacía de este viernes (en paralelo a la de la Fiscalía, que será aún más dura) viene a confirmar las nuevas tesis del Gobierno. Si antes de la moción de censura, Sánchez aseguró que "clarísimamente ha habido un delito de rebelión", fue llegar a la Moncloa y los mensajes rebajaron la firmeza mantenida por el Ejecutivo en tiempos del PP.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguró que "sería mejor que no hubiese presos", la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera defendió el indulto en caso de que fueran condenados y finalmente Calvo se desmarcó de la rebelión que la Abogacía había venido defendiendo, aunque no fuese en firme, junto a la Fiscalía.