El Parlament de Cataluña podría echar muy pronto un nuevo pulso al Estado con Felipe VI como justificación y obligar al Gobierno a interponer un nuevo recurso de anticonstitucionalidad.

Fuentes del Gobierno y de los partidos constitucionalistas en el Parlament advierten de que la Cámara autonómica no tiene competencias para crear la comisión de investigación sobre la Casa Real que esta semana anunció a los medios Junts per Catalunya. El anuncio fue hecho, paradójicamente, no por el portavoz del grupo, Eduard Pujol, sino por el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de la misma formación. 

"El Reglamento es claro e impide una comisión así porque no está entre las competencias de la Generalitat. Pero como aquí parece que la ley da igual, no descartamos que lo hagan", explica una fuente parlamentaria de una de las formaciones constitucionalistas. Tanto Ciudadanos, como el PSC, como el PP rechazan esta comisión, a la que sólo le ven un objetivo: atacar a España a través del jefe del Estado. 

En el Gobierno mantienen una actitud de espera. Primero quieren conocer el texto que se registra, ya que debe poner por escrito el "objetivo y el alcance" de la comisión, según reza el Reglamento del Parlament. 

Después, el Ejecutivo advierte de que la pelota estará en el tejado de Roger Torrent. "Desde la Mesa, él será clave a la hora de apoyar una comisión que sabe que no puede crear", explican. Además, el presidente del Parlament es uno de los pesos pesados de ERC, por lo que la posición del partido difícilmente se tomará a sus espaldas. Los republicanos cuentan con un representante más en la Mesa, por lo que ambos, junto a los dos de Junts per Catalunya, son suficientes para dar carta de naturaleza al debate, que después pasaría al pleno para su votación final. 

Recurso ante el Constitucional

El Gobierno no descarta un recurso ante el Tribunal Constitucional como el interpuesto contra la declaración -sin efectos vinculantes- con la que se reprobó al Rey. Fuentes constitucionalistas en el Parlament aseguran que no habrá más salida que esa si la Mesa da curso a la solicitud a pesar de que incumpla el reglamento.

Fuentes de Junts per Catalunya, la candidatura que en las últimas elecciones encabezó el expresident Carles Puigdemont, explican que la comisión de investigación aún no se ha registrado formalmente a la espera de sumar más apoyos. Para que pueda ser debatida en el pleno debe ser firmada por al menos dos grupos parlamentarios.

JxCat quiere que tenga el mismo respaldo que la resolución abanderada por Catalunya En Comú Podem de reprobación al Rey, que además contó con el apoyo de ERC y la CUP. Inmediatamente provocó que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que perserveró a pesar de tener en contra el criterio del Consejo de Estado.

El lunes, Josep Costa desgranó las tres líneas de investigación de la comisión que se pretende crear. La primera versa sobre las "maniobras para presionar a empresas para cambiar su sede social", en referencia a la fuga de empresas de Cataluña. La segunda trata sobre las "estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real" y que "ya se han demostrado que existen", en referencia a casos como Nóos, que mantiene en prisión a Iñaki Urdangarin. 

Por último, Junts per Catalunya quiere investigar las "grabaciones" de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, desveladas por EL ESPAÑOL, por los "supuestos fondos o cuentas irregulares que puedan tener el anterior jefe del Estado o personas vinculadas a él en paraísos fiscales, y las actividades presuntamente irregulares o delictivas que puedan tener relación con estos fondos".

Qué dice el reglamento

El artículo 67 del Reglamento del Parlament es taxativo al respecto. El pleno de la Cámara "puede acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalidad".

Por tanto, las normas internas del Parlament excluyen el impulso de un órgano así, ya que la forma de Gobierno en España (la monarquía parlamentaria) o una investigación sobre ella no son asuntos del ámbito de un Ejecutivo autonómico. 

En ese sentido, el Congreso de los Diputados tiene normas mucho más amplias. Su Reglamento permite en el artículo 52 investigar "cualquier asunto de interés público", sea o no de la competencia del Ejecutivo central. En este momento hay cuatro comisiones de investigación en funcionamiento: una sobre la presunta financiación ilegal del PP, otra sobre la crisis económica, una tercera sobre el accidente ferroviario de Angrois (cerca de Santiago) y la del accidente aéreo de Spanair.