La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas en diez comunidades autónomas en una operación en la que han sido arrestados nueve implicados.

Se han identificado a un total de 46 personas en diez comunidades autónomas como responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. De ellas, nueve han sido arrestadas, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

La mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas pero en ocasiones también amigos que ocultaban la muerte del pensionista a la administración falsificando el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto.

Es más, uno de los implicados llegó a cobrar las prestaciones durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario aprovechando sus similares características físicas y hasta llegó a disfrazarse con ropa de persona mayor y a utilizar un andador. 

También solían falsificar los documentos mercantiles o usurpaban la identidad del familiar fallecido para usar sus tarjetas de crédito e incluso llegaron a hacer creer que el difunto vivía en el extranjero. De este modo, tenían vía libre para realizar reintegros en efectivo.

Y para no ser descubiertos en su entorno más cercano engañaban sobre la procedencia de los fondos que manejaban.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias en diferentes puntos del país sobre posibles fraudes a la Seguridad Social.

Con las primeras pesquisas, los agentes pronto averiguaron que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos y descubrieron casos similares en 17 provincias españolas (A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya).

Generalmente, los presuntos defraudadores solían alegar el desconocimiento del abono de las prestaciones -pese a que hacían uso de ese dinero-, necesidades económicas, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado anteriormente.

En la provincia de Albacete, se averiguó que un empleado de un banco, donde el fallecido tenía su cuenta, habría cobrado casi 10.000 euros en prestaciones desde 2003 hasta 2017.

La Policía también resalta el caso en Madrid de una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010 y a la que se le abonó indebidamente 91.926 euros durante casi 6 años.

Se descubrieron hasta 209 compras en sus movimientos bancarios, realizadas después de fallecer ésta y, tras investigar el caso, llegaron a la conclusión de que un compañero de piso de la fallecida, también de origen ucraniano, le había robado la tarjeta, que a su vez compartía con varios amigos.

En gran parte de los casos los agentes han realizado informes patrimoniales de los presuntos defraudadores para que se solicitar el embargo de aquellos bienes que se consideren pertinentes, o para que la Justicia pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades generadas.

La operación ha corrido a cargo de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.