Bruselas

El Consejo de Europa, el órgano que vigila el respeto de los derechos humanos en todo el continente, ha enviado una carta a España en la que reclama que se reforme la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para garantizar el pleno respeto de las libertades de expresión y reunión. En su redacción actual, la ley -que se aprobó en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy- "permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias" en el ejercicio de estos derechos, denuncia.

La misiva, con fecha del 20 de noviembre, está firmada por la comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y va dirigida a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero. La comisionada pide aprovechar la actual revisión de la Ley Mordaza para "eliminar disposiciones que tienen el potencial de socavar la protección de los derechos humanos en España".

"Aprovecho esta oportunidad para expresar mis preocupaciones sobre el impacto negativo que ha tenido esta ley en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica", asegura Mijatovic.

La comisionada sostiene que la aplicación de la ley se ha traducido en la imposición de sanciones por motivos poco claros, sanciones contra periodistas por filmar la actuación de las fuerzas de seguridad del estado y un gran número de multas, algunas importantes, a personas que han participado en manifestaciones pacíficas y otras reuniones públicas.

Mijatovic expresa además su inquietud por la posibilidad que prevé la Ley Mordaza de imponer sanciones a personas que convocan manifestaciones sin notificación previa. También censura que sea posible castigar con multas elevadas en caso de desórdenes públicos en manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o el Senado, incluso cuando no está en sesión. "Teniendo en cuenta la naturaleza simbólica de los órganos legislativos y su importancia para el funcionamiento democrático de la sociedad, es particularmente importante proteger la libertad de reunión pacífica cerca de esas instituciones", insiste.

No a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla

A su juicio, "la redacción imprecisa y general de la ley en su conjunto da un amplio margen de discreción a las fuerzas de orden público a la hora de interpretarla y permite así posibles limitaciones desproporcionadas y arbitrarias en el ejercicio  de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos".

El Consejo de Europa se queja también de las disposiciones de la ley de Seguridad Ciudadana que facilitan las expulsiones de migrantes en Ceuta y Melilla. "Estas enmiendas no proporcionan garantías claras contra las devoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español", dice la carta.

La comisionada pide al Gobierno de Sánchez que proporcione de inmediato a la Guardia Civil directrices claras y de obligado cumplimiento sobre cómo actuar cuando intercepten inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla respetando plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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