Sánchez entra en la autopista del 155 por los carriles de los CDR

La carrera política de Pedro Sánchez está ligada a la carretera. En ella inició en 2014 su carrera a las primarias por el liderazgo del PSOE. A bordo de su Peugeot 407, que pronto se hizo famoso, Sánchez comenzó a hacer kilómetros hasta suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba gracias a un buen número de referentes y fuerzas vivas socialistas, entre ellos la hoy derrotada Susana Díaz.

El otoño caliente de Sánchez | Por Daniel Basteiro E.E.

En poco más de cuatro años, Sánchez ha recorrido muchísimos kilómetros y ha demostrado ser un piloto resistente al que no conviene subestimar ni aunque sufra aparatosos choques, como los dos resultados del PSOE en las últimas elecciones generales, que acabaron dejándolo en el arcén de los secretarios generales antes de volver a la pista y acabar llegando por sorpresa a la Moncloa. 

Más de cuatro años después, Sánchez se encuentra de nuevo en una carretera, en este caso una autopista, la AP-7 que los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron a su antojo este fin de semana mientras los Mossos d'Esquadra miraban y nada más.

Las tres cartas remitidas por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros de Interior y Fomento, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, tienen lenguaje de ultimátum. Todas expresan un reproche y exigen explicaciones, pero la más dura es la del ministro del Interior, el juez al que muchos socialistas consideran más próximo al PP que al PSOE. Contiene los bocinazos más sonoros al calificar el corte de carreteras como una "grave perturbación del orden público" con "riesgo para las personas" mientras los Mossos pecaban de "inacción" y de no ejercer su "función" policial. 

La misiva de Marlaska tiene dos mensajes clave. El primero es la amenaza de enviar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a Cataluña para mantener la calma en las calles que los Mossos, desautorizados por el president de la Generalitat, Quim Torra, no han logrado. Pero al recordar la ley que dice que "la Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado" y "su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación" implícitamente abre la puerta a la posibilidad de tomar las medidas necesarias para garantizarla más allá de enviar agentes de otros cuerpos. En otras palabras: una intervención directa de la autonomía de la Generalitat a través del artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional o de un 155 limitado al orden público, como piden tanto PP como Ciudadanos.

Los socialistas y el Gobierno confían en que no será necesario. "Esto es el primer aviso", asegura un dirigente clave en la estrategia que confía en que el mensaje contundente de este lunes aplaque a los independentistas. "Pero no cabe descartar nada porque son imprevisibles y algunos de ellos están como unas maracas", explica. Ya estamos en un escenario pre 155, el que PP y Ciudadanos llevan meses defendiendo y Sánchez rechazando. En Ferraz, la portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, una dirigente poco conocida, llegó a decir que al PSOE "no le temblará la mano" en aplicarlo si se dan las condiciones. 

Aunque el PSOE mantenga genéricamente su apuesta por el diálogo, ha llegado la hora de la coerción política. También se aplicará a leyes como la de los objetivos de déficit o los propios presupuestos. Diálogo, todo, pero tratando de poner al otro entre la espada y la pared para que el "sí" fluya mejor. 

Todo parece haber cambiado. Hasta ahora, el Gobierno había tenido muchas oportunidades de enviar cartas como estas, con exigencias y advertencias significativas, y no lo hizo. Ni cuando los CDR llevaron a cabo acciones similares en los últimos meses, ni cuando los independentistas se apropiaron del espacio público e institucional para llenarlo de pancartas y lazos o cuando una mujer fue agredida por tratar de retirarlos. El Gobierno guardó silencio durante todo el fin de semana y sólo el lunes habló. Afinó el tiro. No incluyó específicamente ni las declaraciones de Torra sobre una autodeterminación a la eslovena (para que naciera ese país hubo decenas de muertos y centenares de heridos) ni a las trifulcas internas por la gestión de los Mossos en las contramanifestaciones de los CDR contra Vox el Día de la Constitución. 

¿Por qué ahora? El viernes de la semana que viene se celebra un Consejo de Ministros en Barcelona para el que se desplazarán cientos de agentes. Hay manifestaciones convocadas por los CDR, que podrían paralizar la ciudad y humillar al Gobierno si logran acorrarlarlo por querer reunirse en la ciudad condal. En el Gobierno recuerdan cómo el 1 de octubre del año pasado los Mossos estuvieron a cargo de evitar la celebración del referéndum y lo que hicieron fue mirar desde lejos a las urnas, como este sábado a la autopista. El Gobierno no se fía de que los Mossos puedan garantizar el orden más que cuando les convenga a sus superiores políticos. Y Torra ya ha dejado claro que está con los CDR, a los que hace meses les pidió que apretasen. 

Pero hay un segundo motivo. Andalucía y Vox. En el Gobierno y en el PSOE late una honda preocupación sobre los resultados de Andalucía, la desmovilización de la izquierda y la posibilidad de que todo el poder se escurra como el agua entre los dedos. Los presidentes autonómicos temen ser desalojados si se repite el escenario andaluz, con una derecha muy movilizada y de amplio espectro gracias a sus tres sensibilidades mientras cala el discurso contra el independentismo y la inmigración.

"Cataluña nos está afectando mucho. Me gustaría llegar a las elecciones con otro discurso", confiaba este lunes un secretario general autonómico. En Moncloa también han saltado las alarmas. No sólo se la pueden pegar los barones sino el propio Sánchez por idénticos motivos. 

Esas razones pueden estar detrás de estas amenazas tan serias, que en realidad podrían haberse puesto sobre la mesa hace tiempo, pero que curiosamente coinciden con la resaca de las elecciones andaluzas. 

Sánchez está en su peor momento desde que llegó a la Moncloa. Va muy justo de gasolina, sin esperanzas reales de aprobar los Presupuestos, con un Consejo de Ministros desgastado y sin superar la sensación de provisionalidad con la que llegó al poder gracias a la moción de censura. 

Torra tampoco vive su momento más dulce en la Generalitat. La gestión de las manifestaciones de Girona y Terrassa lo enfrentó a su conseller de Interior y a los mandos de los Mossos en una crisis que no necesitaba. Su defensa de la vía eslovena ha sido criticada incluso por dirigentes de los más radicales porque es en sí mismo una invitación a la insurrección violenta. 

"La república no se construye con capuchas y con la cara tapada", llegó a decir Roger Torrent, el presidente del Parlament, de ERC respecto a los CDR. Por si fuera poco, médicos, universitarios y bomberos salieron hace unos días a la calle a protestar contra la Generalitat y el independentismo sigue profundamente dividido. Cada partido va por su lado y, dentro del PDeCAT, una formación en riesgo de implosión, cada dirigente va a lo suyo. 

El nuevo volantazo de Sánchez pretende guardar parte del espíritu dialogante con el que llegó a Moncloa. Pero el presidente quiere gastar rueda, que se escuche el motor, aunque sea desde la reserva de combustible, para que cale que ha entendido el mensaje de las urnas andaluzas y empezar así a recuperar terreno. Ya estamos en precampaña y o bien Sánchez logra encauzar a los independentistas y exhibirlo como un logro o bien convocará las elecciones contra ellos. Ya no hay tiempo para carriles intermedios. 

Está por ver si la gasolina (porque el diesel ya está prohibido) le durará toda la carrera, si no se chocará con ningún otro vehículo o si la derecha no le adelantará sin intermitente y antes de que se dé cuenta.