El Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre es una "prueba de fuego" para el Gobierno. No sólo por medir las verdaderas intenciones que pueda albergar la Generalitat de Quim Torra para normalizar la situación en Cataluña; también se estudiará el entorno de seguridad en una fecha marcada en rojo en el calendario por los grupos radicales catalanes. El transcurso de la jornada es crucial para determinar si Pedro Sánchez intervendrá de algún modo en la Comunidad Autónoma: "Si se ve que el orden público está fuera de control no habrá más remedio que pensar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o del 155", aseveran fuentes de Moncloa.
Fuentes de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL inciden en la relevancia que tiene el 21-D, fecha clave en el futuro de las relaciones entre Madrid y Barcelona. Los Comités de Defensa de la República (CDR) anuncian una "huelga de país"; desde Arran piden que se siga el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia; otras organizaciones radicales, como los autodenominados Bandera Negra, instan a tomar el Parlament y el Palau de la Generalitat, reventando los controles policiales de los Mossos d'Esquadra.
Porque el 21-D es el día en el que Pedro Sánchez reunirá su Consejo de Ministros en Barcelona. El Gobierno no alberga ninguna duda al respecto. Pero los radicales también quieren recordar que el 21-D es el aniversario de las primeras elecciones que se celebraron en Cataluña tras la aplicación del 155. Basándose en ambos acontecimientos, desde el independentismo se quiere dar una "bienvenida caliente" al presidente del Gobierno y a sus ministros.
"De cómo se desarrolle el Consejo de Ministros dependerá que se pase de las cartas a otras medidas", apuntan fuentes socialistas, en referencia a las cartas que enviaron los ministros Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos a Quim Torra. En ellas le instaban al orden policial después de que los CDR cortasen la AP-7 en sus protestas, en presencia de los Mossos d'Esquadra.
Las posibles medidas
Pero, ¿cuáles son esas otras medidas a las que puede recurrir Pedro Sánchez? La más plausible apunta a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 con los apoyos de PP, PSOE y UPyD: "La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno", define el texto.
En un horizonte más lejano se ubica una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde la oposición -fundamentalmente en voz de Pablo Casado- se ha instado a su aplicación inminente. El Ejecutivo de Sánchez opta por agotar antes otras vías, si bien Esther Peña, portavoz del Comité Electoral del PSOE, señaló que a su partido no le temblaría la mano a la hora de tomar esta medida.
En cualquier caso, desde el Gobierno de Sánchez confían en que Torra tome nota de las últimas advertencias y que "no se vuelvan a repetir" escenas como las registradas en la AP-7: "Todos los escenarios están abiertos y es imprescindible que el Consejo de Ministros se desarrolle con normalidad", advierten fuentes de Moncloa.
La respuesta de la Generalitat
Tras estos llamamientos a la normalidad, la portavoz de la Generalitat y consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, aseguró que se debe garantizar la celebración del Consejo de Ministros del 21-D. "Les toca a ellos decir qué temas se discuten, cómo y cuándo se celebra el Consejo de Ministros", aseveró este martes. Según su criterio, la falta de información sobre el lugar en el que se celebrará el Consejo "condiciona" las medidas de seguridad.
Además del dispositivo que puedan ofrecer los Mossos d'Esquadra, Interior ya ha aprobado el envío de 400 efectivos de las Unidades de Intervención de la Policía (también conocidos como antidisturbios) que protegerán infraestructuras críticas en Cataluña el 21-D. Una fecha que puede marcar un antes y un después con el Govern de Quim Torra.
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