Pedro Sánchez, durante el debate de este miércoles en el Congreso. Agencia EFE
Sánchez subirá el salario mínimo a 900 euros en el Consejo de Ministros de Barcelona
- El salario mínimo subirá desde los 735,90 de 2018 hasta los 900 euros y tendrá efectos desde el 1 de enero.
- La medida se aprobará el 21 de diciembre como medida estrella en Barcelona y parte del acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno.
- Sánchez se da por satisfecho con la respuesta de Torra a sus cartas de advertencia.
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El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mañana de este miércoles en el Congreso, donde se ha celebrado un intenso debate sobre Cataluña.
"El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del Salario Mínimo a 900 euros al mes, a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977, y la explicación es clara: un país rico no puede tener trabajadores pobres", ha dicho el presidente.
El incremento desde los 735,90 en los que está fijado ahora es consecuencia del pacto presupuestario firmado por Sánchez y Pablo Iglesias en octubre. Pero las cuentas públicas están lejos de ser presentadas y aún más de ser aprobadas, por lo que el Gobierno ha decidido sacar adelante la medida igualmente, para lo que tan solo necesita un decreto.
La medida estrella es para el Gobierno un gran símbolo de su capacidad política por su impacto y popularidad, pero ha sido contestada desde algunos ámbitos políticos y empresariales por la posibilidad de que suponga destrucción de empleo.
El Gobierno reservaba el anuncio para asegurarse un golpe de efecto y se esperaba que pudiera ser decretada el 28 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año. Sin embargo, Sánchez ha decidido adelantar su puesta en escena una semana para reforzar una reunión del Gobierno que se celebrará en Barcelona en medio de una gran polémica por la seguridad ciudadana tras los cortes de la AP7 en Cataluña por parte de los Comités de la Defensa de la República (CDR) y las posteriores cartas de advertencia del Ejecutivo a la Generalitat.
La medida pretende simbolizar la preocupación del Gobierno por asuntos sociales que Sánchez quiere que primen sobre el debate identitario.
