El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se escuda ahora en la Ley de Secretos Oficiales para incumplir parte de las promesas sobre transparencia que hizo en campaña electoral. Tanto, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le ha recriminado ya en dos ocasiones que se refugie tras esa normativa para no dar a conocer los datos de sus desplazamientos. Viajes y comitivas pagadas con dinero público.
El problema es que este órgano, más allá de emitir una reprimenda oficial carece de capacidad coercitiva alguna. Para intentar que la Justicia obligue al Gobierno a romper este muro de secretismo, un ciudadano tendría que iniciar un proceso administrativo y después acudir a los tribunales. Un proceso tedioso que ayuda a la Administración a mantenerse enrocada.
Durante su campaña electoral, Sánchez utilizó la tansparencia como emblema para diferenciarse del Gobierno de Partido Popular; un Ejecutivo que aprobó la primera Ley de Transparencia en España pero que no reconoció, como derecho fundamental defendido y articulado en una ley orgánica, el acceso a la información pública.
Ese cambio normativo, reclamado de forma constante por las asociaciones pro transparencia, no estaba dentro de las promesas del PSOE, pero sí un compromiso de rendición de cuentas con el ciudadano. Tan es así, que el partido se comprometió a hacer públicos informes sobre los gastos en viajes que tienen todos sus diputados y senadores. Según la web del PSOE, este compromiso se cumplió solo hasta agosto de este año, ya que hace cuatro meses que el portal no se actualiza.
Los informes elaborados por el partido de Sánchez especifican únicamente el trayecto y los medios públicos o privados utilizados por los diputados para su transporte, no el gasto efectivo de fondos públicos que suponen y, en muchos casos, ni siquiera especifican el destino o el motivo que justificó el viaje.
Fragmento de uno de los informes publicados por el PSOE sobre los viajes de sus diputados.
Sánchez oculta los gastos de su mujer
En el caso del presidente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le ha llamado la atención en dos ocasiones. Y las dos tienen que ver con peticiones de medios de comunicación que intentaron hacer uso de la Ley de Transparencia para conocer el coste concreto de sus desplazamientos.
El pasado mes de noviembre, el CTBG instaba a Moncloa a entregar a Servimedia los gastos de su traslado hasta Castellón para acudir a un concierto en el marco del Festival Internacional de Benicasim. Algo a lo que el gabinete del presidente se había negado arguyendo cuestiones de seguridad.
Cuatro semanas después, el CTBG, encargado de arbitrar en las peticiones amparadas en la Ley de Transparencia, consideró que los gastos de viaje del presidente y sus acompañantes (el de su esposa Begoña Gómez en este caso) tampoco deben ser ocultados a los ciudadanos. El gabinete de Sánchez se negaba a entregar a El Confidencial los gastos de la gira que el presidente hizo este verano por Latinoamérica.
Para frenar el acceso de los ciudadanos a este tipo de información, considerada por el CTBG como de indudable interés público, Sánchez se escuda en la llamada Ley de Secretos Oficiales, que permite al Ejecutivo vetar el acceso a determinados datos escudándose en cuestiones de seguridad. Esta normativa, que colisiona a diario con la Ley de Transparencia en las peticiones de acceso a información pública, fue aprobada en plena dictadura de Franco.
A diferencia de otras legislaciones europeas o internacionales, la Ley de Secretos Oficiales española carece de plazos o limitaciones temporales que obliguen a la Administración a, pasado un determinado tiempo, dar acceso a la documentación solicitada de forma automática. Así sucede por ejemplo en Estados Unidos.
El último gran intento de reformar esta normativa en el Congreso llegó en 2016 de la mano del PNV. Este partido pedía que los documentos oficiales se desclasificaran como máximo a los 25 años, siempre que fueran materias secretas, y a los 10 para las informaciones reservadas. Pero la propuesta fracasó.