El pasado miércoles, el comisario José Villarejo hizo pública una carta en la que alertaba al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en "no tendrá más remedio que de forma inminente" declarar en sede judicial sobre determinadas cuestiones que afectan a los servicios de inteligencia españoles y sus actividades en Cataluña.
Algo que el excomisario conocía de primera mano ya que, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Villarejo recibió al menos desde 2014 y por parte del Gobierno el encargo de elaborar informes secretos sobre Artur Mas y otros políticos catalanes, infiltrar su entorno y realizar informes confidenciales sobre sus finanzas, dentro y fuera de España. Algo que hizo.
Las pruebas de estos trabajos se encuentran en el procedimiento que contra el exagente de la Policía Nacional se sigue en la Audiencia Nacional desde diciembre de 2017. El día que los funcionarios de Aduanas y Asuntos Internos registraron su domicilio y su oficina, localizaron un informe fechado el 26 de septiembre de 2017 en el que figuraban datos sobre el referéndum ilegal que el Govern de Carles Puigdemont celebró solo seis días después.
En esos momentos, los equipos de Información de los distintos cuerpos españoles estaban en plena alerta para contrarrestar los movimientos independentistas dentro y fuera de las fronteras españolas. Además, tenían como objetivo prioritario localizar las urnas electorales que debían servir para la celebración de la consulta, bloqueada por orden judicial. Pero no lo consiguieron.
Empresarios nacionalistas
Además, tal y como adelantó Voz Pópuli, Villarejo guardaba en su despacho de la Torre Picasso un informe confidencial, encargado por responsables del Ministerio del Interior pero nunca elevado a público, sobre varios líderes independentistas, con el expresidente Artur Mas a la cabeza. Pero no fue el único objeto de las pesquisas. El excomisario guardaba además otro informe sobre quien fuera diputado autonómico, jefe de gabinete de Mas y portavoz de su partido en la cámara autonómica, David Madí
Para cerrar el círculo y en su trabajo sobre el independentismo catalán, el alto mando policial elaboró en coordinación con sus superiores dos nuevos dossieres, esta vez sobre empresarios fuertemente vinculados a Artur Más. El responsable de Información vinculado a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional guardaba datos sobre Ramón Vinyals i Soler, exdiputado catalán durante tres legislaturas.
Otro de los objetivos de estos informes fue el empresario Xavier Vinyals i Capdepon, presidente de la plataforma por las selecciones catalanas, que fue nombrado después por la Generalitat cónsul de su red diplomática en Letonia.