Algo pasa en el hemiciclo. En medio de una cascada de votaciones, una misma luz roja se ilumina al conocerse cada uno de los resultados. Vota en contra de su grupo y, en alguno de los textos que se sometían a consideración del Congreso de los Diputados, en contra de un amplio consenso transversal. ¿Un error? No. Marta Sibina, diputada de En Comú Podem, la confluencia catalana de Podemos, ha decidido "votar a todo que no". "Y así lo seguiré haciendo mientras el PSOE siga bloqueando el Open Arms y el Aita Mari. Si Sánchez hace lo mismo que Trump y Salvini hay que decir BASTA", decía en redes sociales junto a un texto donde explicaba sus argumentos.
El gesto de Sibina fue visto, por diputados y periodistas, poco menos que como una excentricidad. ¡Una diputada contra el mundo! Ocurría hace una semana. Sibina denunciaba así que Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, denegaba el permiso al barco de la ONG Open Arms para zarpar a rescatar a náufragos en el Mediterráneo. La escena ya había ocurrido en Pasajes (Guipúzcoa), con el Aita Mari, un pesquero reconvertido a barco de socorro, también retenido en el puerto.
Este lunes, en el Congreso, ya no se trataba de una diputada díscola. La Diputación Permanente, algo así como un miniparlamento de guardia cuando la Cámara no está en período ordinario de sesiones, debatía hasta cinco solicitudes de comparecencia de tres ministros, los de Fomento, Interior y Migraciones. Los que preguntaban eran también grupos como el de Unidos Podemos, ERC o el Mixto, de donde salieron los apoyos decisivos a la moción de censura de Pedro Sánchez.
No técnico que suena a excusa
La dirección general de la Marina Mercante deniega los permisos asegurando que no cumplen la ley. "No cuentan con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino", explican desde Fomento, sin dar más detalles. Las expresadas al bloquear al Open Arms inciden en que no cumplen las normas porque Malta e Italia no dan refugio a los rescatados y la embarcación se ve obligada a navegar varios días depositando a las personas necesitadas muy lejos del punto más cercano al del salvamento. En el caso del Aita Mari, se escuda en argumentos similares, añadiendo las condiciones técnicas del barco.
Sin embargo, el propio Gobierno ha permitido ya el atraque en España del Open Arms en una situación similar y, además, ha hecho gala de una política de solidaridad que tiene su mayor exponente en la acogida del Aquarius, en julio, con 630 migrantes a bordo.
Mucho ha cambiado desde entonces. Ahora, el Gobierno se enfrenta a las dificultades de gobernar sin querer ser el país que acoge a todos los migrantes, muchos de ellos con derecho al asilo, que no quiere Malta, un país cercano a Libia pero se muy pequeña superficie, o Italia, donde el líder de la Liga Norte y ministro del Interior, Matteo Salvini, ha hecho del rechazo a la migración una de sus señas de identidad.
En paralelo, Sánchez ha recurrido a un tratado antiguo para devolver en caliente a inmigrantes a Marruecos, con quien estrecha la colaboración para repatriar migrantes, y ha prometido quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero sólo cuando puedan ser sustituidas por mecanismos más seguros de protección de las fronteras.
"Lo del Aquarius fue un gesto"
"Estamos en una situación complicada, porque lo que hacen estos barcos, en el fondo, es ilegal y no cumple con la normativa", explica un diputado. "Lo del Aquarius fue un gesto, precisamente para ver si podíamos cambiar la política europea. Hicimos otros con barcos de bandera española que ya estaban en alta mar, pero lo que no podemos es hacer de los gestos una política estructural. Este es un problema europeo", explica esta fuente.
Durante la reunión de la Diputación Permanente, el portavoz del Grupo Socialista, José Zaragoza, anunció que tanto el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, comparecerán "a petición propia" en el Congreso la semana que viene.
De no haberse anticipado, hubieran sido arrastrados por sus socios de la moción de censura, que arremeten contra el Gobierno por cambiar de opinión y pasar de los gestos a la ortodoxia en la política migratoria. Algunos lo atribuyen al resultado de las elecciones en Andalucía y el discurso antiinmigración de Vox. "Igual que en igualdad de género, Vox no seduce a nuestro votante, en inmigración es más fácil que caiga en la tentación de las respuestas fáciles", explicaba recientemente uno de los máximos dirigentes del PSOE en conversación con EL ESPAÑOL.
En el Gobierno prefieren atribuir su moderación en los gestos migratorios a la falta de un marco europeo de política migratoria que prime la solidaridad y las causas humanitarias sobre el cumplimiento de una ley que puede dejar que muchos inmigrantes mueran en el Mediterráneo.
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