La Policía Nacional ha desarticulado una trama yihadista de adoctrinamiento en las cárceles. Los cinco miembros de la organización detenidos, todos ellos de nacionalidad marroquí, captaban a otros reclusos y les prometían grandes cantidades de dinero para sus familias a cambio de cometer atentados en nombre de Daesh una vez quedasen en libertad.

Los detenidos tenían edades entre los 25 y los 68 años, y cumplían condena desde 2013 por delitos contra la salud pública en los Centros Penitenciarios Madrid III (Valdemoro) y Mansilla de las Mulas (León). Su radicalización se produjo en prisión. También se ha detenido a dos personas por colaborar con la trama; una de ellas era una mujer que recompensaba económicamente al funcionario de Instituciones Penitenciarias por su colaboración.

"La red contaba con un líder que tenía una marcada influencia sobre  el resto de integrantes, que le llamaban “jefe”. Una influencia que se extendía igualmente al resto de reclusos. Por iniciativa suya, sus hombres de confianza amenazaban y agredían a aquellos que se alejaban del grupo y de la estricta práctica religiosa, extendiendo dicho control incluso una vez abandonaban el centro penitenciario", señala la Policía en un comunicado. 

De acuerdo a las pesquisas de los agentes, los miembros de la trama aseguraban grandes cantidades de dinero a otros reclusos si perpetraban atentados en nombre del Estado Islámico. Sus objetivos eran reclusos "con un marcado desarraigo, una personalidad influenciable e importantes necesidades económicas".

"La investigación ha constatado que sus labores de captación se producían además mediante la distribución de material audiovisual que enaltecía el martirio, la muerte del infiel y la yihad violenta. Estando ya en prisión, a uno de ellos se le intervino en su dispositivo electrónico numerosos vídeos de marcado carácter adoctrinador".

El operativo se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La operación se ha desarrollado como consecuencia de una investigación de la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la coordinación de  la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, y ha contado con la estrecha colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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