Quim Torra le entregó a Pedro Sánchez un documento con 21 exigencias en el encuentro que mantuvieron el pasado 20 de diciembre en Barcelona. Esas exigencias se han mantenido en secreto... hasta este martes, que por fin han sido difundidas por el Govern. En resumen, el separatismo plantea que Cataluña es democrática mientras que España mantiene estructuras franquistas. Y exige una serie de puntos a cumplir -empezando por la autodeterminación- para avanzar en cualquier tipo de diálogo.
Existen pocos antecedentes que representen un reto similar al Gobierno. Habría que remontarse al País Vasco de 1976, cuando la izquierda abertzale presentó la Alternativa KAS (siglas correspondientes a Coordinadora Abertzale Socialista); una serie de requisitos para avanzar en el cese de ETA en el marco de la Transición española.
En el documento presentado al Gobierno, recién asumido por Adolfo Suárez, se instó a la adopción de siete medidas concretas. A saber:
1. Establecimiento de libertades democráticas.
2. Amnistía.
3. Adopción de medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las masas populares y en particular de la clase obrera.
4. Disolución de los cuerpos represivos.
5. Reconocimiento de la Soberanía Nacional de Euskadi, lo que conlleva el derecho del pueblo vasco a disponer con entera libertad de su destino nacional y la creación de un Estado propio.
6. Establecimiento inmediato y a título provisional de un Estatuto de Autonomía que surta efecto en Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia.
7. Constitución, en el marco de tal Estatuto, de un Gobierno Provisional de Euskadi.
El Gobierno se prestó a valorar algunas de esas exigencias. Sonada fue la aplicación de la Amnistía General de 1977. Pero aquella "alternativa" -con modificaciones posteriores- se extinguió porque ETA siguió asesinando.
El independentismo vasco volvió a reunir sus exigencias en torno al Plan Ibarretxe, presentado en 2003. El texto se articulaba en tres pilares que se traducían en exigencias a la Moncloa: "El pueblo vasco es un pueblo de Europa con identidad propia", "el derecho de autodeterminación" y "las decisiones de los ciudadanos de cada región del País Vasco [incluidos Navarra y el País Vasco francés] deben respetarse por las demás y por el resto de pueblos de Europa".
El Congreso lo rechazó con 313 votos en contra, 29 a favor, y dos abstenciones.
Las 21 exigencias de Torra
Ahora, Torra lanza otro órdago. Son 21 exigencias que han permanecido ocultas desde el pasado 20 de diciembre de 2018. Aquel día, víspera de la celebración del Consejo de Ministros, el presidente de la Generalitat le entregó el documento a Pedro Sánchez. Desde Moncloa se confirmó la noticia, pero el texto no trascendió... hasta este martes. Precisamente el mismo día en el que el Gobierno ha aceptado la incorporación de un relator en su diálogo con Cataluña. Todo ello, con los Presupuestos Generales en el horizonte.
Calvo: "Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena"
Esas 21 exigencias (puede leer aquí la lista) se articulan en torno a tres grandes apartados: "Una respuesta democrática para Cataluña", "la necesidad de una regeneración democrática de España" y "la desfranquización de España, un reto pendiente".
Las exigencias no difieren en exceso a las que en su día presentaran la izquierda abertzale -con su Alternativa KAS- o el Gobierno vasco del PNV -con el Plan Ibarretxe-. En su tercer punto -eso sí que lo diferencia de los dos órdagos descritos anteriormente- Torra dice que "es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación en igualdad".
La vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció este martes la participación de un "relator"; poco después, fuentes de Moncloa admitían la constitución de una "mesa de partidos" en la "que habrá un relator que coordine las reuniones y ayude en su desarrollo". Afirman que "será una persona neutral y elegida de común acuerdo". Pero todavía se desconoce quién o qué institución asumirá este papel y hasta dónde están dispuestos a llegar en ese diálogo.