Afirman que las amenazas son constantes. Que desde que se lanzó una operación antidroga en Bujalance (Córdoba), los agentes sufren amenazas, acoso y hasta un intento de agresión con un hacha. Afirman que tras estas situaciones graves está el clan de los Tarabito, a los que le atribuyen el trapicheo de drogas en la zona. Los guardias civiles relatan, ahora, las últimas presiones que han recibido: "Hoy no llegas vivo a casa, la carretera del Carpio cuando te vayas va a ser tu tumba".
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) afirma que "el mismo individuo que el pasado mes de diciembre se presentaba con un hacha en el cuartel" regresó a las dependencias del Instituto Armado en Bujalance el pasado martes. Y lo hizo amenazando a uno de sus agentes.
"Hoy te espero cuando salgas, 15 tiros te voy a pegar con la pistola que tengo; si no te cojo a ti lo haré a tu mujer y me la follo, pero hoy no llegas vivo a casa, ven a la barriada o a mi casa que te espero, a ver si pasas otra vez que será la última", le habría dicho el miembro del clan de los Tarabito, según AEGC.
La asociación destaca que los hechos ocurrieron "en presencia de menores". En concreto, de "los hijos del delincuente". El miembro de los Tarabito amenazó a los agentes -siempre siguiendo el relato de AEGC- después de que le retirasen el vehículo de su mujer, requisado por tráfico de drogas.
Un incidente con un hacha
Según explican los guardias civiles, los seguimientos y amenazas comenzaron desde que se desarrolló una operación antidroga en Bujalance. Desde entonces, la presión del clan de los Tarabito habría ido "en aumento". Hasta el punto de que uno de ellos fue detenido en diciembre tras presentarse en dependencias de la Guardia Civil armado con un hacha.
"Desde AEGC solicitamos que se ponga fin a esta impunidad con la que actúan estos peligrosos delincuentes que entran por una puerta del juzgado detenidos y salen en libertad por otra creyéndose intocables", señala la asociación.
Los guardias civiles piden que la dirección del cuerpo "se ponga de acuerdo con el Ministerio de Justicia" para que toda amenaza a sus miembros "sea considerada atentado a la autoridad".
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