Una mesa de partidos no de ámbito catalán y estatal, acordar la fecha de constitución y nombrar relator en este mismo mes. Esa es la propuesta del Gobierno a la Generalitat y partidos independentistas para acordar ese nuevo foro, incluyendo la figura del relator que ha convulsionado la política española.
Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda posterior al Consejo de Ministros en la que se ha repartido un documento con la posición del Gobierno.
Calvo ha asegurado que "el campo independentista" no ha aceptado aún la oferta que ahora el Ejecutivo hace público. "Lo hemos intentado", ha dicho tras repetir, como el Gobierno ha hecho "cien veces", según ella, que no se negociará un referéndum de autodeterminación ni se llevarán a cabo acciones fuera de la Constitución. La propuesta es "el destino final" del Gobierno, según ella.
"Los partidos que sostienen al Gobierno de Cataluña tendrán que explicar por qué rechazan una oferta de diálogo bastante razonable en el marco de las posibilidades constitucionales en un país como el nuestro", ha dicho Calvo.
El documento distribuido incluye un nuevo cambio en el criterio del Gobierno. Hasta ahora, el Ejecutivo aseguraba que esa nueva mesa de partidos, de nueva creación, estaría compuesta exclusivamente por partidos catalanes.
La última oferta del Gobierno va más allá al aceptar que en ella estarían "dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán)" de los grupos con representación en Cataluña.
También se define el papel del conocido como relator, un término que no aparece en las tres páginas del texto distribuido por Moncloa.
"Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación", dice el texto. Es decir, no se trata sólo de un "notario", como lo definió el líder del PSC, Miquel Iceta, sino más bien de una figura de mediación que acerca posturas, ordena el debate y cómo se hace para que los acuerdos se cumplen.
Una semana muy delicada
El texto llega tras una semana muy delicada para el Gobierno tras el anuncio hecho el lunes por ERC (y al que acabó sumándose el PDeCAT) de una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que podría hacer naufragar las cuentas públicas en el Congreso la semana que viene antes incluso de que llegasen a tramitarse en profundidad.
El martes, el líder del PSC sugirió la figura de un "notario" independiente en una mesa de partidos para debatir el futuro de Cataluña y más tarde la número dos del Gobierno lo confirmó en la figura de un "relator". Sin embargo, los partidos independentistas lo siguen llamando "mediador", le otorgan una importancia decisiva y asemejan ese foro de diálogo al de la resolución de un conflicto internacional.
La situación ha provocado la convulsión del PSOE. Presidentes autonómicos como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón) rechazaron la figura del relator. Diputados socialistas como Soraya Rodríguez o José María Barrera también criticaron la figura. "No necesitamos relatores. Me preocupa la degradación de las instituciones", dijo el expresidente Felipe González, mientras que el exvicepresidente Alfonso Guerra acusaba indirectamente a Sánchez de tratar a España como si se tratase de Burkina Faso.
PP y Ciudadanos tampoco se han quedado quietos y han convocado una gran manifestación este domingo en Madrid, a la que han anunciado que asistirán dirigentes de ambas formaciones, personalidades políticas, candidatos a las elecciones de mayo como Manuel Valls (que aspira a ser alcalde de Barcelona) o partidos como Vox.
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