"El alcalde soy yo": así se niega a dejar el cargo un regidor del PSOE inhabilitado por la Justicia
José García Liñares, de Cerceda (La Coruña) está condenado a 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude.
28 febrero, 2019 17:40Noticias relacionadas
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"El turno de palabra lo tengo yo, yo soy quien da la palabra, el alcalde soy yo". Con estas palabras el alcalde de Cerceda (La Coruña), José García Liñares, se resistió a dejar la alcaldía e imponerse al secretario municipal, Raúl Martínez Martínez, en un tenso pleno de cuatro minutos de duración. La sesión se había convocado con un único objetivo: dejar constancia de la suspensión de las funciones del alcalde, condenado a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude a la Administración.
Según la resolución judicial, el alcalde socialista, en el cargo desde 1995, debe quedar automáticamente cesado y el PSOE tendría que buscar un sustituto hasta mayo, cuando se celebren las elecciones municipales. Martínez dio conocimiento al pleno de la sentencia y procedió a finalizar la sesión, pero Liñares no acató el orden del día e informó a los ediles de que su cesión se sometería a votación. Los ediles del PP (4) y del Bloque Nacionalista Galego (2) se levantaron de sus asientos para abandonar la sala, mientras que los seis ediles del PSOE votaron en contra del cese.
Tras un rifirrafe entre Liñares y Martínez, que no mantienen buena relación como queda patente en el vídeo de la sesión, el secretario no permitió la votación: "La sesión está levantada, señor Liñares. Hay que hacer cumplir la ley y, lamentablemente para usted, quien establece el orden del día es el secretario. Todos sabemos que no se debe votar".
Fuera del pleno, Liñares reiteró que todavía es el alcalde, que se presentará a la reelección y que solo dejará el cargo "si lo ordena un juez, no una corporación", según informa La Voz de Galicia.
El pasado 4 de enero, el Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña condenó al alcalde de Cerceda (municipio de 5.000 habitantes) a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude a la Administración. En concreto, la condena fue por la licitación y adjudicación de una obra en 2015 y tendrá que afrontar el pago de una indemnización de 9.583,20 euros por los perjuicios económicos causados.