Las revelaciones del excomisario José Manuel Villarejo sobre el 11-M no terminan en la presunta implicación de espías marroquíes y franceses en el atentado, según ha sostenido en un escrito remitido a la Audiencia Nacional. Además, el exmando policial investigado en el caso Tándem y en prisión desde noviembre de 2017 asegura en el documento remitido al juez Manuel García-Castellón que parte del explosivo utilizado en los trenes salió en realidad de "los depósitos de armas de la Guardia Civil". Eso explica, según el exagente, la existencia de distintos tipos de explosivo (Titadine o Goma 2 ECO) en los atentados.
Según la versión aportada por Villarejo, que ha pedido que el Gobierno desclasifique los documentos oficiales que le vinculen con el 11-M para poder "defenderse", la operación de compra de 200 kilos de explosivos por parte de Jamal Ahmidan, alias El Chino, el 29 de febrero de 2004, era en realidad una "entrega controlada" por la Guardia Civil, que "con el fin de colocar un dispositivo de seguimiento" integró entre la dinamita "algún material explosivo existente en los depósitos de armas" del instituto armado, según la versión del excomisario.
El objetivo que había detrás, según Villarejo, era crear un intento de atentado ficticio, una compra controlada de dinamita que serviría para detener a los presuntos terroristas en posesión de la munición y acreditar así su intención de atentar en suelo español de forma inminente. Pero, según él, algo salió mal.
El comisario jubilado sostiene que los yihadistas contaron con "ayuda externa" para burlar la vigilancia y terminar perpetrando el atentado y apunta directamente a encubiertos de la inteligencia francesa. "De no haber contado con ayuda muy profesional, esos delincuentes comunes de tan escasa preparación jamás habrían burlado a un experimentado y muy fogueado equipo de seguimiento de la Guardia Civil", sostiene en el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6.
"Inexplicablemente la vigilancia y el dispositivo fallaron y El Chino se perdió al entrar en Madrid, a pesar de que el control fue tan riguroso que se le llevó a parar en varias ocasiones para verificar que por el peso detectado en la amortiguación no había transferido su letal carga a ningún otro vehículo", sostiene el exagente encubierto.
Mentiras en el juicio
El uso de distintos explosivos en los diez artefactos que estallaron en los trenes de Madrid dejando 191 muertos es uno de los principales puntos de discordia en la investigación judicial del 11-M. Sobre el papel, los terroristas tuvieron acceso únicamente a la Goma 2 ECO que el minero y confidente de la Guardia Civil, José Emilio Suárez Trashorras, obtuvo de forma ilegal de la explotación minera donde trabajó, Mina Conchita.
Sin embargo, tanto los análisis oficiales como los realizados por los distintos peritos de las acusaciones determinaron que en al menos en una de las explosiones el reactivo tenía componentes que no se encontraban en la Goma 2 ECO utilizada para uso minero. Por los componentes, allí se utilizó un tipo distinto de dinamita, llamada Titadine.
Ahora, el excomisario Villarejo mantiene ante la Audiencia Nacional que ese explosivo dispar salió de un polvorín de la Guardia Civil y que se camufló entre los 200 kilos de dinamita adquiridos por El Chino, propiciando así "la confusión de Titadine o Goma 2 ECO con cordón detonante".
El excomisario, acusado de encabezar una presunta organización criminal para enriquecerse por medio de investigaciones ilegales, señala además a dos mandos de la Guardia Civil, a los que acusa de mentir en el juicio para ocultar que la compra de los explosivos fue una operación concertada por la Guardia Civil con Trashorras, que era su confidente.
"Cuando se produjo el atentado, el coronel jefe que era el responsable de la operación [Félix Hernando, entonces responsable de la Unidad Central Operativa] negó la existencia de la misma durante el juicio y después, antes de su pase a la reserva, fue ascendido a general ante su amenaza de hablar", explica el policía en el documento remitido la pasada semana al juez que le investiga.
"Respecto al cabo responsable del control de armas y explosivos de la Guardia Civil, de nombre L.A [Villarejo revela al juez el nombre completo], pasó de inmediato al CNI y el libro de registro se perdió y fue sustituido por uno nuevo, adecuadamente maquillado", concluye el excomisario en su alegato.