El Tribunal Cuentas aflora 72 millones para luchar contra la violencia machista sin utilizar

El Tribunal de Cuentas ha detectado que más de 72 millones de los recursos reservados para la administración general en los Presupuestos de 2018, en virtud del Pacto de Estado contra la violencia de género, "no están dotados" dentro de un programa para actuaciones de prevención.

Así consta en el informe de fiscalización que ha llevado a cabo la institución sobre la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible con enfoque de género, enmarcados en la Agenda 2030.

Se divide el estudio en dos bloques: por un lado, la implementación general de la Agenda; y por otro, los aspectos que se refieren a los objetivos específicos de igualdad de género (ODS5).

Mediante nota de prensa, el órgano de fiscalización enumera y explica las líneas maestras de un trabajo que constata que España "dispone de una estructura administrativa que puede liderar la implementación" de los objetivos de desarrollo sostenible perfilados, "pero que requiere consolidación".

Existe un Plan de Acción aprobado por el Gobierno en junio de 2018, pero no "la estrategia nacional" que oriente el establecimiento de la Agenda 2030, lo que para el Tribunal resulta "especialmente notorio" en el caso del Objetivo relativo a la igualdad, el citado ODS5.

Ese Plan de Acción para la Agenda 2030 debe "depurar posibles solapamientos y reforzar los mecanismos de participación de las comunidades Autónomas, gobiernos locales y sociedad civil", remarca el Tribunal de Cuentas antes de abogar por "el desarrollo de control externo tanto en el proceso de implementación como de los resultados".

Evitar "solapamientos" es una de las medidas en la que más insiste la institución para instalar en la administración la Agenda 2030.

Centrado en los objetivos de igualdad, el Tribunal de Cuentas denuncia la ausencia de una planificación general y que el Consejo de Participación de la Mujer, que es el "instrumento existente" para canalizar la aportación de las administraciones, así como de organizaciones sociales, "ha estado inactivo" entre octubre de 2015 y enero de 2018.

Cuando llega a la fiscalización del gasto, el Tribunal recalca que sólo un 27% de los programas presupuestarios incluye previsión de resultados a alcanzar con dicho gasto.

Recuerda el órgano fiscalizador que el Pacto de Estado contra la violencia de género, en su compromiso económico para los ejercicios 2018-2022, incorporaba a los Presupuestos de 2018 unos 80 millones de euros adicionales para acciones de la administración general, un aumento de 20 millones para transferencias finalistas a los ayuntamientos y 100 millones más destinados las autonomías.

Añade a continuación: "Sin embargo, de los recursos reservados para la administración general del Estado, 72,22 millones de euros, no están dotados en el programa 232C", que se titula "Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género".

La Dirección General de Presupuestos (órgano del Ministerio de Hacienda) alegó ante el informe del Tribunal de Cuentas que esos 72,22 millones "se dotaron, dado el carácter transversal de esta actuación, en los programas propios de diferentes departamentos ministeriales", y menciona los de Interior, Justicia, Empleo y Hacienda.

El Tribunal de Cuentas, con todo, no los ha localizado, explica en el informe: "No han sido identificados los programas presupuestarios en los que se ha realizado el incremento previsto en el Pacto de Estado, ni ha sido aportado el correspondiente soporte documental".