El exviceministro venezolano Villalobos pide amparo al Consejo General del Poder Judicial

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos, investigado en España por detraer presuntamente fondos de la petrolera bolivariana PDVSA, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial para denunciar las "irregularidades de gravedad" que a su juicio se han dado "en la tramitación de la causa" que le investiga en España, encabezada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. 

En su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Villalobos mantiene que se ha denegado de forma "sistemática a mi defensa el acceso a la causa, en unas ocasiones con fundamento de un secreto que a posteriori descubrimos que no existía y en otras, con fundamento en un secreto que se reconocía que tampoco estaba vigente, pero que se anunciaba que se acordaría en el futuro". 

En su queja ante el órgano de gobierno de la Judicatura española, el empresario venezolano argumenta que en abril de 2018, se les negó presuntamente el acceso a las actuaciones mientras preparaba el recurso contra la decisión judicial de que el exmiembro del gobierno bolivariano entrara en prisión preventiva mientras los equipos de investigación financiera analizaban el origen de su dinero movido en España. 

Villalobos recuerda que antes de entrar en prisión preventiva estuvo ocho meses sin medidas cautelares. Mientras, el procedimiento investigador en su contra comenzó a cambiar por una cuestión competencial entre el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y el 41 de Madrid, que finalmente se hizo con la investigación y decretó su ingreso en prisión preventiva. Allí estuvo dos meses y dos días. 

Según la petición de amparo, la decisión se fundamentó en un argumento que se mantuvo en secreto durante parte de la causa, lo que según el ingeniero venezolano perjudicó su defensa. Más si cabe cuando el auto del 11 de septiembre de 2018 que acordaba su libertad explicaba que en el principal indicio de criminalidad esgrimido en su contra, una querella presentada por la petrolera estatal venezolana y que estaba en manos de la Audiencia Nacional no parece "ni una sola mención al ahora apelante". Es decir, que Nervis Villalobos "no era investigado" en esa causa. 

Presuntas dilaciones

El exviceministro de energía chavista explica en su queja que vivió presuntamente un nuevo episodio de ocultación de datos cuando tras su puesta en libertad, en un auto del 13 de septiembre de 2018, su defensa "acudió de nuevo y en dos ocasiones" al juzgado para "obtener acceso a las actuaciones. En esa ocasión se le denegó con fundamento -de nuevo alegal- de que a futuro, se iba a dictar un nuevo secreto, lo que sucedió el siguiente 19 de diciembre, esto es, seis días después", recoge la petición de amparo.

Además, el exmiembro del Ejecutivo chavisma mantiene que su proceso se han producido supuestas "dilaciones indebidas" a la hora de resolver sobre las peticiones y recursos de su defensa. Villalobos critica incluso ante el órgano judicial que varios de los escritos de sus abogados "nunca" han sido proveídos "ni mucho menos resueltos". Es decir, que el juez en cargado del caso, según su versión, ni siquiera se ha pronunciado en un sentido u otro. Silencio administrativo, según denuncia.

Como ejemplo, Villalobos señala su solicitud para que el juzgado desbloqueara los fondos suficientes de sus cuentas bancarias para hacer frete a la factura del colegio de su hijo, "a pesar de que consta informe favorable del Ministerio Fiscal". Además, la petición de amparo del exviceministro ante el CGPJ se eleva también a "otros órganos superiores" como el Tribunal Constitucional. Villalobos mantiene que las peticiones "realizadas por mi defensa son sistemáticamente ignoradas, o en el mejor de los casos, tramitadas irregularmente". 

Ahora, tendrá que ser el máximo órgano de control de los jueces quien determine si la petición planteada por el empresario y político venezolano, acusado de blanquear presuntamente fondos de la corrupción chavista en España, tiene una base jurídica sólida, si merece ser investigada y si abre un procedimiento disciplinario al juez encargado del caso -tal y como él solicita- o por el contrario, descarta tomar medida alguna al considerar que sus peticiones carecen de fundamento.