Este martes, la imagen se produce de nuevo. Ciudadanos procesados por violar la Constitución dirigiéndose desde la prisión al Congreso de los Diputados para, en este caso, prometer o jurar respeto a la Carta Magna y ejercer como diputados de un país al que se enfrentaron en pos de la autodeterminación de Cataluña. La XIII legislatura de la democracia empieza con fuerza en su primer día.
Después, es poco probable que la escena se repita muchas veces. Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (Junts per Catalunya) serán muy probablemente apartados de sus funciones en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal, que indica que cualquier procesado en prisión provisional por delitos como la rebelión será "automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
¿Qué pasará después con ellos? Junqueras, el único procesado de ERC que se ha convertido en diputado, ya ha avanzado su disposición a renunciar al cargo. También concurre a las elecciones europeas de este domingo como cabeza de lista de su partido. Aunque en la práctica es muy poco probable que pueda ejercer su cargo de europarlamentario por las mismas razones (se encuentra en prisión provisional, procesado por rebelión), Junqueras pretende que, al ser elegido, las instituciones europeas se tengan que implicar para defender sus derechos como diputado, algo sobre lo que no tiene esperanza alguna en el ámbito nacional en el Congreso.
A diferencia de Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, Junqueras sí podrá recoger su acta de europarlamentario, algo que se hace ante la Junta Electoral Central en un acto en el que se acata también la Constitución. Puigdemont tendría que regresar a España para presentarse ante la Junta Electoral y recoger el acta, pero eso significaría ser inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial, algo a lo que no parece muy dispuesto.
Con Junqueras fuera del Congreso, Sànchez, Rull y Turull seguirán siendo diputados, pero cuando sean suspendidos no podrán votar. A diferencia del Parlament de Catalunya, donde se habilitó un proceso de delegación de voto, en el Congreso no podrán ejercer el sufragio. En la práctica, Junts per Catalunya se quedará con cuatro de sus siete diputados.
Disposición de ejercer
La líder de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, aseguró este lunes que los tres han "reiterado su determinación intacta" de ejercer como diputados. "Ellos quieren ejercer su trabajo. Hablamos siempre de impedimentos, pero estos los tomarán el Supremo o la Mesa del Congreso. Ellos están convencidos de que la Mesa va a defender los derechos de los diputados y eso implica también defenderlos a ellos", dijo.
Los tres procesados podrían mantener su acta aunque no puedan votar. Eso alteraría las mayorías de la cámara, que no tendría 350 diputados con capacidad de ejercer sus funciones sino tan solo 347. Eso haría que la mayoría absoluta fuese más fácil de conseguir. De 176 diputados (la mitad más uno) pasaría a 174.
Se trata de una diferencia crucial, más aún teniendo en cuenta que Pedro Sánchez no quiere depender de los partidos secesionistas para ser investido. Al líder socialista no le basta sólo con sus 123 diputados sino que tendrá que buscar alianzas. Y cada voto cuenta. Como han demostrado ERC y JxCat con los Presupuestos (que desencadenaron el adelanto electoral) o con el bloqueo de Miquel Iceta como senador, están dispuestos a hacer valer sus apoyos.
Pero si Sànchez, Rull y Turull no dimiten y dejan paso a los siguientes en la lista de Junts per Catalunya, el líder socialista tendría mucho más fácil su investidura. Si suma los votos del PSOE a los de Unidos Podemos, PNV, Compromís, y el Partido Regionalista Cántabro (con quien gobierna en la comunidad) contaría con 173 diputados. Todos los demás sumarían 174 noes potenciales. En ese caso, a Sánchez le bastaría con que se abstuviesen los dos representantes de Coalición Canaria para que los síes superasen a los noes y Sánchez fuese elegido presidente en segunda vuelta, cuando no se requiere de mayoría absoluta.
Coalición Canaria ha dicho que no participará de un Gobierno en el que esté Unidas Podemos, pero los socialistas aseguran que es un voto que puede cambiar si hay medidas específicamente destinadas a las islas. En ese caso, Sánchez no necesitaría ni del apoyo ni de la abstención de ERC, de JxCat ni de Bildu. Las negociaciones serían, pues mucho más fáciles. El plan puede truncarse si los tres diputados procesados de JxCat dimiten y la lista corre. De momento, parece que ese escenario está lejos.