El Congreso se constituyó, Jordi Sànchez se convirtió en diputado y ni él ni los otros tres miembros de la Cámara en prisión provisional y procesados por rebelión perdieron su recién adquirida condición. 

La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, explicó este miércoles que no cree que sea la Mesa de la Cámara, su órgano de gobierno, quien deba tomar la decisión de suspender a los diputados en prisión provisional. Todo ello pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que cuando sobre un acusado por rebelión haya sido procesado y se encuentre en prisión provisional "quedará automáticamente suspendido en el ejercicio" de su cargo público. 

Batet se envolvió en el reglamento del Congreso y aseguró que si el Tribunal Supremo considera que los cuatro presos deben ser suspendidos de sus funciones, es éste quien debe dejarlo claro y no dejar al arbitrio de la Mesa el cumplimiento de la ley. 

"La función jurisdiccional pertenece en exclusiva al Poder Judicial y es el competente para enjuiciar esas conductas y determinar las consecuencias de esas conductas", dijo Batet tras confirmar el envío de una carta al Supremo para pedirle que tomase una decisión. La misiva fue adelantada por EL ESPAÑOL. "El escrito se remite para que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare en qué situación quedan estas personas", según ella. 

La presidenta de la Cámara Baja se adelantó así a la reunión de la Mesa del Congreso que se celebrará este jueves y en la que PP y Ciudadanos le exigirán la suspensión inmediata de los diputados independentistas. En el caso de Sànchez están Oriol Junqueras (ERC), Josep Rull y Jordi Turull (Junts per Catalunya, como Sànchez). 

Difícilmente la Mesa aprobará la suspensión sin pedir un informe a los letrados de la institución y es prácticamente impensable que lo haga antes de que el Supremo responda a Batet. 

Sànchez toma la iniciativa

Ese tiempo ha sido hábilmente utilizado por Jordi Sànchez. Junts per Catalunya propondrá al diputado, en prisión provisional, como su representante para las consultas del rey Felipe VI iniciará a partir de la semana que viene para proponer un candidato a la investidura.

"Sus derechos políticos no están suspendidos", adviertieron desde JxCat, "y queremos pensar que se respetarán". Se daría así la situación de que alguien que no cree en la Constitución, ni en España, que censura abiertamente al rey y que no se arrepiente de ninguna de las acciones por las que está siendo juzgadas fuese recibido en Zarzuela por el garante de todo lo que Sànchez aborrece.

La Constitución indica en su artículo 99 que tras unas elecciones generales y la constitución de las Cortes el Rey tiene la obligación de proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Antes de hacerlo debe iniciar consultas "con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria".

Son las formaciones políticas quienes designan a sus representantes. Pueden ser o no diputados (por eso, en algunos casos, a Zarzuela acuden los líderes de las formaciones y no sus electos), pero la elección de los enviados a palacio corresponde a los partidos.

Se prevé que tanto Sànchez como los otros tres diputados independentistas procesados (Oriol Junqueras, de ERC, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat) sean suspendidos de sus funciones la semana que viene. Incluso en esa situación, señalan desde la formación de Sànchez, tendrían derecho a proponerlo para ir a Zarzuela.