Pedro Sánchez se presentó a las últimas primarias por el liderazgo del PSOE con una promesa solemne a los afiliados: devolverles el poder. "Llegó la hora de que digamos alto y claro que la militancia es la máxima autoridad", proclamó en Dos Hermanas (Sevilla), el día que despejó todas las dudas y confirmó que daría la batalla.
El diagnóstico de Sánchez, entonces despojado de todo poder al haber dimitido como secretario general y diputado, era claro. El PSOE tenía dos problemas: una élite que tomaba decisiones contra sus bases y una pérdida de rumbo ideológico, demostrada con la abstención que invistió a Mariano Rajoy, según él, y que dio origen al grito de "¡No es no!".
Sánchez arrasó en las primarias frente a Susana Díaz e instauró lo que se dio en llamar el "nuevo PSOE" o "el PSOE de la militancia". Una de las primeras tareas fue cambiar cómo funcionaba el partido. Se modificaron los estatutos federales para democratizar las decisiones y evitar que pudiera derribarse de nuevo a un secretario general o que se repitiese una investidura de un rival como el líder del PP.
Esos estatutos, aprobados por el último congreso, establecieron como obligatorias y vinculantes las consultas a la militancia, tanto para acuerdos del PSOE con otros partidos para llegar al Gobierno en cualquier ámbito territorial como sobre el sentido del voto cuando de él dependa facilitar la investidura de otro. La política de pactos sigue siendo una competencia del Comité Federal, pero la consulta es insoslayable.
El artículo de los estatutos que obliga al PSOE a hacer una consulta en Navarra.
El requerimiento aparece por duplicado en los estatutos. "Será obligatoria la consulta a la militancia sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político", dice el artículo 36, sobre las competencias de la Ejecutiva federal. Otro artículo, el 53, incluye una redacción idéntica, añadiendo que no se trata sólo del presidente del Gobierno de España sino de Ejecutivos "al nivel territorial que corresponda".
La previsión normativa está más de actualidad que nunca. Desde 2017, cuando se aprobaron las nuevas normas, sólo se han celebrado dos elecciones, de carácter autonómico: en Cataluña y en Andalucía. En Cataluña hay mayoría independentista y el PSC se rige por sus propias normas. En Andalucía, el PSOE se quedó sin margen alguno de maniobra por el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.
El experimento de Navarra
Será ahora, tras las elecciones autonómicas y municipales de esta primavera, cuando se tenga que aplicar. Y en Navarra hay un conflicto abierto entre Ferraz y el PSN, que quiere conformar un Gobierno liderado por María Chivite, la secretaria general regional. La fórmula sería un pacto con Geroa Bai, Podemos y Izquierda-Ezkerra, pero no con EH Bildu, a quien se pondría en la tesitura de permitir el Gobierno de izquierdas para que no vuelve la derecha. El voto a favor o la abstención de Bildu es imprescindible.
Este punto ha llevado a la Ejecutiva Federal a vetar la fórmula porque la investidura y la gobernabilidad dependerían de la izquierda abertzale. El "no" de Sánchez aboca a permitir que gobierne Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos.
Pese a las advertencias de Ferraz, el PSN sigue adelante con su particular "no es no" a la derecha utilizando la fórmula de la moción de censura que hizo a Sánchez presidente: sin pactos con Bildu pero recibiendo su apoyo.
El PSN cree que ganaría la consulta
La consulta a la militancia es obligada en cualquiera de los escenarios, tanto si Chivite lleva adelante su pulso como si Ferraz impone que el PSOE deje gobernar a Navarra Suma, ya que si vota que no, con el resto de la izquierda nacionalista, tumbaría al candidato conservador, Javier Esparza.
Fuentes del PSN reivindican que Chivite sea presidenta, aseguran que la Ejecutiva regional lo apoya mayoritariamente, como ya hizo el 27 de mayo, y creen que la militancia respaldaría mayoritariamente esa posición.
Que algo así ocurriese supondría un gran revés para la autoridad de Pedro Sánchez dentro del partido, ya que habría pecado de lo mismo contra lo que luchó hasta ganar las primarias de 2017.
Pero también podría darse el caso de que Chivite renuncie a formar Gobierno y que la militancia rechace después que el PSOE se abstenga para que gobierne Navarra Suma. En ese caso, la dirección federal también podría verse tocada.
Qué dice el reglamento
Sobre lo que el reglamento del partido no deja duda es acerca de la obligación de celebrar la consulta y en que su carácter sea vinculante. No hay previsto mecanismo alguno para suspenderla, ni siquiera por razones de urgencia.
Las consultas son "un derecho de los militantes y afiliados/as directos/as", se puede leer en el artículo 478 del reglamento. "Las consultas a la militancia serán, con carácter general, vinculantes" salvo que "no sea preceptivo efectuar la consulta" porque trate de otros asuntos diferentes a una investidura.
"El resultado de las consultas vinculantes será de obligado cumplimiento para aquellos que deban adoptar las medidas necesarias para ejecutar el objeto de la misma", abunda el reglamento. Una investidura o el sentido de un voto determinante, como en Navarra, "se considera de especial transcendencia".
En Navarra llueve sobre mojado, ya que en 2007 y en 2014 se intentó llegar a la presidencia con ecuaciones que incluían a la izquierda abertzale. En ambas ocasiones, esas operaciones fueron abortadas por Ferraz. Pero entonces no existían esas consultas, no estaban consagradas en las normas del partido y no fueron una de las promesas estrella del líder del PSOE.
De momento, el PSN comienza una ronda de negociaciones este mismo miércoles que incluye a Geroa Bai, Podemos (jueves) y Izquierda-Ezkerra (viernes), pero no a EH Bildu.
En un tuit, la cuenta oficial del PSN reafirmó su intención de llegar al Gobierno pese al veto impuesto por Ferraz y ya expresado en público por varios de sus dirigentes, como el secretario de Organización, José Luis Ábalos, o la secretaria de Igualdad y número cuatro socialista, Carmen Calvo.