Puigdemont echa un pulso a la JEC: o le proclama eurodiputado o recurrirá a la Justicia europea

El abogado Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont y Toni Comín, ha anunciado que recurrirán ante la justicia europea si la Junta Electoral Central (JEC) no les incluye en la lista de eurodiputados electos que manda al Parlamento Europeo para que puedan participar en la sesión constitutiva.

"En última instancia, quien va a resolver esto va a ser Luxemburgo", ha sostenido el letrado en una entrevista en RAC1, en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su aparte, la Junta Electoral Central (JEC) ya ha dado este jueves un último aviso al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en su intento de ocupar su escaño en el Parlamento Europeo: o acata la Constitución en Madrid o no podrá hacerlo. El independentista, fugado en Bélgica, sería detenido en caso de pisar suelo español.

El organismo ha citado a las doce del mediodía del próximo lunes a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución. 

Sin embargo, Boye niega que el juramento sea un "requisito insubsanable" para ser proclamado como eurodiputado, como sostiene la JEC.

De hecho, para el letrado, Puigdemont ya es eurodiputado porque su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En este sentido, ha sugerido que tanto la JEC como el Tribunal Supremo están siguiendo pasos que benefician la estrategia de los políticos independentistas: "Hacen lo que esperábamos y necesitábamos", ha dicho Boye, que ha ironizado con que "parece que trabajan" para ellos.

Con todo, Boye ha confiado en que el eventual recurso de los independentistas se puede resolver a principios de julio y ha avisado de que, si no hubiera un dictamen antes del día 2 de ese mes, cuando está prevista la constitución de la Eurocámara, sería la primera vez que este parlamento se pondría en marcha con menos eurodiputados de los previstos.

Ventajas jurídicas

Boye y Puigdemont llevan meses urdiendo este plan. Su objetivo es que Puigdemont obtenga la condición plena de europarlamentario porque esto conlleva unas ventajas jurídicas. Entre ellas, la de no poder ser investigado, detenido ni procesado sin la concesión del correspondiente suplicatorio por parte del propio Parlamento Europeo, previo informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara. 

También la ventaja, no precisamente menor desde el punto de vista del marketing del procés, de poder pasearse por los pasillos del Parlamento de Bruselas sin que nadie se lo impida. Además de la de disfrutar de una dirección de email asociada a la Cámara y de un despacho desde el que dar ruedas de prensa como europarlamentario "acosado por el rancio franquismo de la Justicia española". 

Vulneración de derechos

También este domingo, la defensa del presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo (TS) en el que reclama que se le deje acudir este lunes al Congreso para poder recoger el acta de eurodiputado, algo que el mismo tribunal le denegó el viernes.

El recurso, recogido por Europa Press, alega que impedir su salida de la cárcel de Soto del Real para jurar o prometer el cargo ante la JEC supone una vulneración de sus derechos fundamentales como "el derecho a ser elegido y a ejercer sin perturbaciones las tareas de representación política".

La defensa del líder republicano también apela al derecho comunitario para lograr su propósito: "No existe norma de derecho de la Unión que condicione la obtención de la condición de eurodiputado a trámite alguno, más allá de la proclamación ya efectuada", argumenta. 

EL ESPAÑOL ha preguntado a varios expertos en Derecho Constitucional por su valoración de la respuesta que han dado los magistrados de no autorizar la excarcelación de Oriol Junqueras y todos coinciden en que el tribunal ha hecho una ponderación "razonable" y "acierta" al garantizar el buen fin del proceso.  

Junqueras, que acaba de ser juzgado por rebelión o sedición y malversación, es uno de los 12 independentistas acusados de haber liquidado el orden constitucional en Cataluña en el otoño de 2017 para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación y proclamar la independencia.