El pasado 27 de junio, mientras navegaba por el Mediterráneo Central, el capitán del buque de Proactiva Open Arms recibía una carta del Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, donde le amenazaba con multas de hasta 901.000 euros si persistían en su idea de retomar las labores de rescate de personas que están a la deriva en el mar Mediterráneo.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Quintanilla amenaza a la tripulación asegurando que "al buque le podrá ser ordenado su regreso a puerto español para hacer efectiva su paralización si persiste en su conducta de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente".
El buque, de bandera española, no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central. En esta línea, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, señala que "en el caso de no disponer de la conformidad de la autoridad responsable de la zona SAR donde se navegue, no podrán efectuarse navegaciones con el propósito de realizar operaciones de búsqueda y salvamento u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones".
Carta del director general de la Marina Mercante al buque Open Arms.
Carta del director general de la Marina Mercante al buque Open Arms.
En su misiva, el Gobierno también le recuerda al capitán de buque humanitario que "las operaciones de salvamento que sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa internacional o nacional sobre salvamento marítimo". Es decir que si barco de Open Arms se encuentra, durante su trayectoria, en el mar personas en peligro deberá asistirlas.
Asimismo, como se puede leer al final de la carta, la Marina Mercante advierte al capitán de que si comete "infracciones graves o muy graves contra la seguridad marítima" se le podrá declarar la suspensión del título profesional español.
La respuesta de la ONG no se hizo esperar. En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la jefa de misión de Proactiva Open Arms, Anabel Montes, acusó al Gobierno español no sólo de "dar la espalda" a las ONG de salvamento de migrantes que están a la deriva en el mar, sino que les "amenaza" con multas. "El Gobierno de España está poniendo precio a la vida de estas personas, y esto no va a hacer que paremos", sentenció en su ponencia.
Convenio no firmado
El cambio de criterio del Gobierno en su política migratoria se lleva fraguando meses. El pasado año, unos meses después de la llegada de Sánchez a la Moncloa y tras la acogida de las 630 personas a bordo del 'Aquarius',el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se comprometió a firmar un convenio con la ONG Proactiva Open Arms para incorporarlos al dispositivo de Salvamento Marítimo en el mar de Alborán y en el Estrecho. Según informa la ONG a este diario, este documento nunca se llegó a firmar.
Desde Open Arms aseguran que el barco estuvo parado en el puerto de Motril (Granada) dos meses, a la espera de que el Gobierno español les activara para incorporarse a las labores de rescate bajo las órdenes de Salvamento Marítimo, pero esto nunca sucedió. A causa de esto, la tripulación decidió regresar al puerto de Barcelona. Allí el barco sufrió un bloqueo administrativo durante más 100 días que finalizó únicamente con la autorización de transportar ayuda humanitaria a Grecia.
202 muertes en lo que va de 2019
La decisión de la ONG es desafiar al Gobierno español y al italiano y continuar salvando vidas en la ruta más mortífera: el Mediterráneo central. La Organización mundial para las migraciones (OIM) ha contabilizado en este primer semestre del año 202 muertes tratando de llegar a las costas españolas.
En sus tres años de funcionamiento el buque de 'Open Arms', que tiene una capacidad para albergar a 500 personas a bordo, ha salvado más de 60.000 vidas en el Mediterráneo.