"El debate sobre la renta básica ha pasado de la academia a la calle". Con esa reflexión empezaba Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007, la presentación del informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, que ha publicado el Observatorio Social de La Caixa.
Este estudio, realizado por una decena de expertos economistas y coordinado por el exministro, defiende la urgencia de acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas, pues "tener un trabajo asalariado no es garantía de salvarse de la pobreza" como consecuencia de los denominados working poor o empleos precarios, según sostienen los expertos que firman el informe para la entidad catalana.
"Si te mueres de hambre, no eres libre", afirma Sevilla. "Las políticas sociales se están quedando pobres a la hora de enfrentar las desigualdades sociales", continúa. Y es que este informe refleja el importante incremento de los niveles de desigualdad que ha experimentado España en el último decenio, llegando a ser el país europeo donde estas brechas se han acentuado más. Los expertos identifican la desigualdad generacional, la del mercado de trabajo, la fiscal y la generada por el cambio tecnológico como las claves para entender la evolución reciente de esas desigualdades.
"Para hacer frente a esta nueva pobreza —explica el exministro—, surgen los nuevos planteamientos de ingresos mínimos". Es ahí donde, según Sevilla, tiene que entenderse el informe, que recoge distintas propuestas para reforzar el bienestar social. Sin embargo, como reconoce el exministro, no hay una solución única para hacerlo: "En lo que coincidimos todos es en que hay una serie de problemas sociales nuevos para los que los instrumentos de política social y económica que tenemos ahora no dan respuesta".
Crédito fiscal universal
Entre las distinta reflexiones, el informe sí que recoge una propuesta concreta de renta básica universal de Jordi Sevilla. Esta propuesta consiste en la creación de un crédito fiscal universal, es decir, "un mínimo vital que se convierta en una renta garantizada".
Aunque Sevilla no ha querido cifrar ese mínimo, sí que ha asegurado que la referencia tendría que estar en el mínimo vital ya definido en el IRPF (los, al menos, 5.500 euros anuales que no se someten a tributación). Para que este crédito fiscal universal funcione, Sevilla explica que todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta. Si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia; en caso contrario, deberían pagar.
Paralelamente, la gran cantidad de prestaciones y transferencias sociales del Estado deberían ir asimilándose gradualmente en un período de tiempo transitorio al mínimo nivel citado, "de modo que acabemos con las grandes diferencias entre ellas y con la falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo que se considera de subsistencia". El objetivo sería conseguir una progresiva integración de todas las políticas públicas relacionadas con la renta y la situación familiar de los individuos, canalizándolas a través de la declaración del impuesto.
Renta básica incondicional
Otra de las propuestas que se recoge en el informe del Observatorio Social de La Caixa es la de Daniel Raventós. Este profesor de la Universidad de Barcelona propone la creación de una renta básica incondicional que recibirían todos los ciudadanos, trabajen o no, incluidos los menores de edad (aunque con una cantidad inferior a la población adulta).
Según Raventós, "los subsidios condicionados han mostrado sus limitaciones", entre las que incluye que "cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo para buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio". También señala que la concepción de estos subsidios es ayudar a "los que han fracasado", mientras que la renta básica incondicional propone "garantizar la existencia material de entrada".
El economista catalán asegura que la cantidad de esta renta debería ser al menos igual al umbral de la pobreza. Esto supondría que cada adulto recibiría 7.471 euros anuales (622,50 en doce mensualidades) por el mero hecho de ser ciudadano. Por su parte, los menores de edad recibirían 1.494 euros anuales.
Esta renta básica universal, al entenderse como garante de la existencia material, sustituiría a cualquier otra prestación pública monetaria. Según Raventós, "se puede financiar una renta básica universal igual al umbral de la pobreza sin detraer ni un céntimo de la recaudación impositiva previa a una reforma del IRPF".
Complementos salariales
La tercera de las propuestas que se recogen en el informe es la de fomentar unos complementos que se añadan a los salarios más bajos. Esta es una medida que ya se ha experimentado en países como Estados Unidos y Reino Unido.
Según los datos más recientes de Eurostat, cerca de un 10% de los trabajadores a tiempo completo de la Unión Europea disponen de un nivel de ingresos inferior al umbral de pobreza (en España este dato es del 13%). Y, por tanto, según Luis Ayala Cañón (Universidad Rey Juan Carlos) y Milagros Paniagua San Martín (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) "el hecho de contar con un trabajo no garantiza a un segmento creciente de la población acceder a unas condiciones de integración social suficientes".
Como señalan estos dos economistas, la cuantía de estos complementos no sería fija, sino que iría cambiando a medida que lo hace también el salario bruto. Para calcular la cuantía del complemento y evitar desincentivos, habría que, en primer lugar, fijar unas cuantías máximas a las que se aplicaría esta ayuda y el porcentaje que supondría sobre ese salario. Llegado a un punto en el que el salario fuese suficiente, los complementos desaparecerían.