La parte de los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' independentista en Cataluña destinada a acreditar las condenas por malversación detalla partidas de gastos destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que superan los 2,35 millones de euros.
En el fallo de la sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordena no obstante que la resolución sea notificada al Tribunal de Cuentas para que se dirima y reclame la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro ex miembros del Govern de Carles Puigdemont que han sido condenados por malversación de fondos públicos.
Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los ex consejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes se condena por este delito como instrumentalizado para la sedición y de quienes dice que habrían malversado una cuantía que "supera ampliamente" los 250.000 euros (el mínimo para condenarles), si bien no precisa cuál. No obstante, los fundamentos jurídicos detallan numerosas partidas cuyo gasto suma más de 2.300.000 euros.
Facturas acreditadas
Por un lado, la sentencia detalla el gasto 5.000 euros, del total de unos 130.000 previstos en la tecnológica DXC para la página web referendum.cat a quien se encargó la asistencia técnica especialmente para el aplicativo de la denominada 'séptima crida' -a veces también llamada 'crida extra', que fue mantenida oculta hasta el final.
También se detallan gastos asociados a la retribución a un particular, Teresa Guix Requejo, quien facturó en el mes de mayo 2.700 euros, y un importe de 350 euros más IVA; así como la adjudicación a Havas Media Group Spain, SA, quien facturó con su anterior denominación social, Media Planning Group, S. A, en fecha 7 de febrero de 2017, la cantidad de 84.050,21 euros, más IVA, en total, 101.700,75. Este gasto fue abonado el 31 de mayo de 2017 e incluye la inserción del anuncio en los diarios Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere de la Sera y Financial Times.
Registro de catalanes en el exterior
Por lo que atañe a la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, además de la activación de la web referéndum.cat, la sentencia detalla que en la madrugada del 7 de septiembre, con vínculos al registro de catalanes en el exterior, se realizó una intensa campaña de difusión de ese registro, que precedía a esa actualización del aplicativo informático desarrollado entre febrero y mayo de 2017, generando devengos por importe de 220.253,34 euros, sin IVA.
Se suma el contrato público titulado DFP-Creativitat y producción campanya registre cat.exterior, para el que se adjudicó a la entidad Estudi Dada S.L, por 10.829,50 euros, el diseño del anuncio de registro de catalanes en el exterior. Por la ejecución de esa inserción publicitaria, Focus Media S.L. emitió una factura por 130.863,15 euros sin IVA. Detalla la resolución.
Sobres y papeletas
Asimismo, detalla que la UTE Nothingad y Kardumen que emitió una factura de 97.332,63 euros (IVA incluido) por la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior a través de internet que habrían llevado a término.
La sentencia recoge que el Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales difundió esos mismos anuncios a través de los canales de TV, emisoras de radio y medios digitales que gestiona y giró al departamento de Presidencia dos facturas por importe de 93.179,56 euros -emisiones del 4 al 12 de septiembre- y 184.624,85 euros por las emisiones de la tercera fase -del 16 al 29 de septiembre-.
En cuanto al material para la votación en el referéndum, la sentencia da por acreditado que "la Generalitat encargó a Unipost, en la oculta y clandestina manera con que intentaba disimular los gastos del referéndum, la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales".
Esta encomienda costó 979.661,96 euros, "cuya procedencia en esa tarea de enmascaramiento, se dividió en cinco departamentos" del Govern. Se suman a esta cuantía otros 851,50 euros por el importe de los sobres en los que obraban las notificaciones intervenidas encargados a Zelatun.
Gastos en internacional
Por otra parte, se detallan gastos relacionados con los observadores internacionales, como el contrato a Paul Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies por un importe de 167.065 euros, del que han sido abonadas dos partidas por importe de 119.000 euros en total quedando pendientes de pago otros 47.635.
Se añade en la sentencia el "programa de visitantes internacionales" por un importe de 64.654,09 euros, así como los honorarios al grupo de Helena Catt por un total de 114.592,50 euros, más 62.712,40 euros en alojamientos, viajes y otros conceptos relacionados con su misión de "observadora".
Además, se da por constatable "que un miembro del equipo central, Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate por el que obtuvo una remuneración de 4.873 euros" un gasto al que habría que sumar el alquiler del local, las dietas y los desplazamientos, si bien la cuantía no consta en la sentencia.
"La documentación obrante en la causa pone de manifiesto la existencia de gastos que reflejan el quebrantamiento de las más elementales reglas de lealtad en el manejo de fondos públicos que, en ningún caso, podían haber sido aplicados al desarrollo o promoción en el extranjero de una consulta popular que había sido declarada ilegal", dice la sentencia.
Viajes y lobby por una consulta ilegal
Expone que "ha quedado patente la existencia de las visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum" por importe de 43.341 euros y la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales -International Election Expert Research Team por 177.304,90 euros, así como la contratación con MN2S Managemet Limited de un equipo en el que estuviera integrado el político holandés D. Willem “Win” Kok, en los días del referéndum: 54.030 euros; si bien fueron devueltos, porque la prestación no se realizó.
"Además de esa vinculación presupuestaria con el consorcio Diplocat, han de enumerarse los gastos generados a través de las Delegaciones en el Exterior del Gobierno de la Generalitat, todas ellas vinculadas a decisiones susceptibles de control por el acusado Raúl Romeva", dice el Supremo.
Es el caso, por ejemplo, de la contratación de una consultora en Estados Unidos, en agosto de 2017, durante tres meses para hacer tarea de lobby en defensa de la celebración del referéndum por 60.000 euros o la contratación de The Hague Center for Strategic Studies como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre con un presupuesto de 167.065 euros, si bien restan 47.635 euros por abonar.