Viajes por importe de miles de euros, invitaciones a políticos y periodistas extranjeros, encargo de informes favorables a expertos internacionales, cócteles, cenas, campañas de lobby...la Generalitat de Cataluña se gastó al menos 417 millones de euros en actividades en el exterior entre 2011 y 2017, parte de las cuales tuvieron por finalidad recabar apoyos para el proceso hacia la independencia. Lo hizo sin control del gasto, en ocasiones fraccionando los contratos para evitar los procedimientos de licitación pública, otras veces sin ni siquiera expediente de contratación ni petición de ofertas o con contratos ficticios.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido al órgano fiscalizador la documentación relativa a un informe sobre los fondos destinados a acción exterior de la Generalitat que se está ultimando y en el que el Ministerio Público aprecia la posible comisión de "delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado, entre otros ilícitos", según un escrito que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que, aparte de la responsabilidad contable que sea exigible a los causantes del menoscabo de fondos públicos, el informe preliminar de fiscalización de la acción exterior de la Generalitat pone de manifiesto hechos "que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de delitos".
Entre esos hechos figuran algunos que ya están siendo objeto de examen en el juicio del 'procés', como los informes de los observadores internacionales que el exsecretario general de Diplocat denominó "analistas" durante su comparecencia como testigo en la vista el pasado día 13. En contra de las manifestaciones de Albert Royo, la fiscalización del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto una implicación plena de Diplocat en la estrategia de internacionalización del proceso soberanista, con el empleo de cuantiosos recursos en actos sobre el "derecho a decidir", los "procesos de autodeterminación" o "la propuesta catalana para un referéndum".
Obstáculos a la fiscalización
Según las fuentes consultadas, el fiscal ve indicios de un presunto delito contra las instituciones del Estado por las dificultades que la Generalitat ha puesto para enviar al Tribunal de Cuentas la documentación justificativa de los gastos realizados en políticas de acción exterior, especialmente durante 2017, año en que se celebró el referéndum ilegal de independencia.
El Código Penal castiga con suspensión hasta dos años a las autoridades o funcionarios que obstaculicen una investigación del Tribunal de Cuentas "negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que solicitare o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación".
Pero los indicios más relevantes se encuentran en los viajes de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas; las actividades de la Secretaría de Acción Exterior, de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y de Diplocat, así como los expedientes de contratación, subvenciones y convenios.
480.000€ en viajes para el 'procés'
La fiscalización ha cuantificado 45 desplazamientos al extranjero de expresidentes y consejeros en los que se empleó 480.000 euros y que no tuvieron por objeto la proyección en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña sino la difusión del 'procés' hacia la independencia.
En mayo de 2016, mientras las agencias de calificación rebajaban al bono-basura la nota de la deuda catalana, Puigdemont realizó un viaje de tres días a Londres, con una comitiva de ocho personas, para dar una conferencia con el título Trazando un camino hacia la independencia catalana. El viaje costó 17.000 euros. Le acompañó Romeva, que se gastó otros 1.600 euros.
Puigdemont, en el viaje a Londres en el que se gastó 17.000 €./
Los asistentes a la conferencia recibieron una carpeta con el logotipo de Diplocat con un panfleto titulado El camino catalán a la autodeterminación.
En octubre de 2016 Puigdemont estuvo dos días en París con una comitiva de nueve personas para hablar de la independencia de Cataluña. El coste del viaje fue de 22.000 euros. En enero de 2017 fue a lo mismo a Bruselas (7.000 euros).
En marzo de 2017 el entonces presidente catalán y una comitiva de nueve personas se fueron seis días a Estados Unidos a hablar del referéndum. El gasto fue de 81.000 euros por parte de la comitiva del president, más 8.000 del consejero Romeva y 19.000 euros abonados por la Delegación de la Generalitat en ese país por, entre otras actividades, un encuentro con la comunidad catalana y un catering.
Volvió a Estados Unidos poco después, el 6 de abril, en un desplazamiento de tres días que costó 19.000 euros.
En agosto se fue con Romeva a Copenhague, donde inauguró la delegación de la Generalitat en los países nórdicos. Manifestó que "el próximo 1 de octubre los ciudadanos deberán elegir entre aceptar el status quo, con una autonomía vacía de contenido, o declarar la independencia en el marco de una Europa de soberanías compartidas". El coste del viaje ascendió a 7.500 euros.
190 € por comensal
Durante la fiscalización se han examinado las actividades de las delegaciones de la Generalitat en el exterior a través de las notas o informes de gestión, aunque la documentación resulta incompleta, sólo llega hasta 2016 y no contiene datos del coste real de esas actividades.
Desde 2013 y hasta febrero de 2016 se han detectado 456 actividades con referencias expresas al 'procés'. Entre ellas figuran viajes a Suiza del entonces delegado de la Generalitat en Francia, Martí Anglada, para reunirse con diputados suizos y crear un "grupo de amistad Suiza-Cataluña". En este marco, el 22 de noviembre de 2016 hubo una cena de 10 comensales cuyo coste ascendió a 2.000 francos suizos (190 euros por comensal) y en la que se tomaron ocho botellas de vino por un importe de 633 euros. Fue pagada por la delegación de la Generalitat, Diplocat y una entidad privada catalana.
Los diputados suizos del "grupo de amistad" fueron luego invitados por Diplocat a Barcelona (coste: 4.000 euros) y suscribieron iniciativas en el Parlamento suizo favorables al 'procés'.
Encargos ficticios
Entre la documentación de la delegación de la Generalitat en Francia se han encontrado datos de un informe - El derecho legítimo de Cataluña a decidir/Caminos de autodeterminación- de los que la Fiscalía también extrae indicios delictivos.
El informe, dado a conocer en septiembre de 2017 y firmado por cuatro profesores de Suiza, Portugal, Francia y Estados Unidos, abogaba por un referéndum de autodeterminación "tanto con como sin el consentimiento del Estado nacional" y contenía pronósticos tan acertados como el de que "de ejercerse ese derecho [a la autodeterminación], la Unión Europea y sus Estados miembros reaccionarían positivamente ante una nueva candidatura de un Estado europeo a la Unión Europea".
Los expertos coautores cobraron 36.000 euros por el informe. La fiscalización ha puesto de manifiesto que el encargo se fraccionó para que los pagos fueran inferiores a los de un contrato menor. Los gastos se dividieron entre cuatro delegaciones (Francia, Estados Unidos, Portugal y Suiza) y en los encargos figuran conceptos ficticios no conectados con la autodeterminación o el referéndum.
Así, en la delegación de Portugal constan pagos por un total de 12.300 euros a la coautora del informe con un informe justificativo del delegado en el que se habla de la necesidad de un "asesoramiento especializado en el ámbito jurídico que (...) devendrá fundamental para diseñar la política de comunicación".
El pago de la delegación de Ginebra (13.500 euros) se contabilizó el 26 de septiembre de 2017 por "factura estudio académico". La factura no ha sido encontrada.
El pago de la delegación de Washington fue por 10.000 euros por "informe encargado sobre escenarios de futuro". El coautor americano fue invitado a Barcelona en julio de 2017, generando gastos por importe de 3.000 euros.
Pago de un móvil tras el cese
El fiscal se ha fijado, asimismo, en gastos de las delegaciones presuntamente injustificados. El delegado de Francia compró un teléfono móvil el 30 de octubre de 2017, cuando ya había sido cesado por aplicación del artículo 155 de la Constitución. El teléfono no figura en el inventario de la delegación.
En la delegación del Reino Unido se compraron en agosto y octubre de 2017 dos IPhone 7, un IPad y un IPod sin que ninguno de estos dispositivos esté en el inventario de bienes de la delegación tras su cierre.