El Gobierno pone en el punto de mira la llamada República Digital, el intento de la Generalitat y los partidos independentistas catalanes de crear estructuras administrativas paralelas en internet en favor de la autodeterminación.
En una entrevista en Onda Cero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este jueves el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley para "poner punto y final" a la llamada República Digital.
Según Sánchez, el independentismo "ha sufrido las consecuencias de la fortaleza del Estado de Derecho" por los cauces analógicos, pero la Generalitat ha ido haciendo su camino en internet. Es más, las autoridades de la Generalitat y el expresident Carles Puigdemont han abogado en varias ocasiones por lograr unas estructuras de Estado online mientras no puedan consumarse las físicas.
Sánchez anuncia que acabará con la "República Digital"
Por ese motivo, el Ejecutivo aprobará la nueva legislación por la vía de urgencia para "garantizar" que el "desarrollo de la administración digital" corresponda al Estado. El decreto también incluirá la exigencia de que "los servidores" en los que se almacenen datos tengan que "estar localizados en la UE y no en paraísos digitales".
"Violentar al Estado"
Según Sánchez, el objetivo es que la Generalitat no pueda "utilizar los datos para fines espurios" como "empezamos a tener más que la intuición" con el objetivo de "violentar al Estado", ha dicho a preguntas de Carlos Alsina. "Ni va a haber independencia offline ni online", ha dicho.
Entre los proyectos de la Generalitat están la creación de un documento de identidad catalán similar al DNI, el Identicat, liderado por la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, que lidera Jordi Puigneró (JxCat).
Ese tipo de documento serviría, entre otras cosas, para operar con la administración. La recolección de datos por parte del Govern inquieta al Gobierno central, ya que podrían ser utilizados al servicio de iniciativas ilegales, como la convocatoria de referéndum, creando censos paralelos a los oficiales.
También podría crear la impresión de que los ciudadanos catalanes pueden hacer todos los trámites (sanitarios, educativos) utilizando una red paralela sin que tuvieran la certeza de que sus datos estarían protegidos o en servidores seguros.