La adquisición de pistolas táser es una de las principales reivindicaciones de los policías nacionales durante los últimos años. Las consideran un elemento imprescindible de defensa, tanto para ellos mismos para el agresor; un método eficaz sin tener que recurrir al arma de fuego para neutralizar al atacante. La Dirección General de Policía ha aprobado la adquisición de 1.000 unidades en un plan que ha despertado críticas por considerarlas "insuficientes".
"Prefieren asumir el coste de las bajas de policías por intervenciones que hacer un mayor esfuerzo en la compra de más pistolas táser", consideran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). A su juicio, el presupuesto de 2,1 millones de euros con los que está dotado el programa "se sitúa muy por debajo de lo que necesitamos para dotar adecuadamente a las unidades de seguridad ciudadana de todas las plantillas".
El plan pasa por la adquisición de 300 pistolas táser en 2020, otras tantas en 2021 y las 400 restantes en 2022. Un "avance histórico", consideran desde el SUP, pero que "no es suficiente". "El número de bajas de agentes en lo que llevamos de año en intervenciones policiales (1.443 compañeros) podría reducirse de manera drástica en el caso de contar con pistolas eléctricas".
Demostración del SUP de la eficacia de una pistola táser
Las cuentas del sindicato policial son las siguientes: "La duración media de esas bajas por intervenciones en la calle es de 66 días". Y a su juicio, con el coste que eso supone para la Administración, "podrían comprarse al menos otras 1.500 defensas eléctricas cada año a sumar a estas 1.000 que va a adquirir ahora la Dirección General de Policía".
Desde el SUP destacan las ventajas que suponen las pistolas táser, un medio del que ya disponen las policías autonómicas y muchas de las policías locales. En una demostración real, el sindicato mostró cómo se puede neutralizar un enemigo recurriendo a estos medios.
"Eso supone no sólo más garantías físicas, reduciendo la siniestralidad en el Cuerpo, sino que proporciona mayor seguridad jurídica puesto que estos equipamientos incluyen medios de grabación que permiten acreditar la necesidad de su uso ante episodios en los que la persona a la que se pretende detener o reducir demuestra un nivel de agresividad extremo".