El Gobierno ha tenido que salir este sábado al paso de las críticas tras conocerse que la subida de las pensiones no se producirá hasta después de la investidura. La oposición critica que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, supedite la revalorización a las negociaciones con ERC. El Gobierno, por su parte, ha tratado de calmar los ánimos asegurando que no renuncian a aplicar la medida.
Este viernes la ministra y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, confirmó tras la reunión del Consejo de Ministros que no se produciría la subida de las pensiones antes de finalizar 2019. Según explicó las pensiones subirán un 0,9% en enero, pero no se actualizará la cuantía de las prestaciones hasta que no se haga efectiva la investidura.
Los principales partidos de la oposición han criticado lo que consideran un "chantaje", al tiempo que condenan que Sánchez ponga el futuro del país en manos de los independentistas.
Este sábado, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha acusado a Sánchez de convertir su Gobierno en el "más opaco de la democracia", al no comparecer para explicar "qué es lo que está dispuesto a ceder ante los independentistas catalanes". "El futuro de una nación nunca se puede decidir en una cárcel con un delincuente", ha opinado en referencia a Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo.
Ciudadanos, a través de su diputado autonómico Nacho Martín Blanco, se ha referido a las pensiones y ha reprochado a Sánchez su "enorme irresponsabilidad" y "falta de respeto" por "supeditar" su revalorización a las negociaciones con ERC.
Coalición Canaria-PNC se ha sumado a estas críticas, ha considerado un “chantaje inadmisible” congelarlas y ha tildado de “impresentable” que un Gobierno socialista “quiera hacer rehenes” a más de nueve millones de pensionistas, en mitad de unas negociaciones para la investidura con el fin de utilizarlos como moneda de cambio.
En respuesta, el Gobierno ha insistido este sábado en que "no renuncia en absoluto" a subir las pensiones, pero considera "razonable" posponer la aplicación del incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa.
"Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa", ha explicado el Ejecutivo este sábado.
El Gobierno ha remarcado que la revalorización de pensiones es una "prioridad" para el Gobierno y una cuestión de "máxima relevancia" para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución. En este sentido, ha asegurado que cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020.
A espera de la Abogacía
Las reuniones entre PSOE y ERC, paralizadas a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, se han reactivado en la recta final del año, lo que atisba el apremio de los socialistas por sacar adelante la investidura en la primera semana de enero.
En total, los equipos negociadores de ambos partidos han mantenido cuatro reuniones, la última ayer, de la que apenas ha trascendido su contenido y que, a diferencia de las tres anteriores, no fue convocada, lo que vislumbra la premura del PSOE por sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez a más tardar el cinco de enero.
El Gobierno en funciones, como ha reiterado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, mantiene que aún hay tiempo para conseguirla "antes de Reyes".
"Queremos terminar este año con optimismo y vamos a tener la investidura de Pedro Sánchez cuanto antes", ha dicho Valerio, que ha apostado por que las negociaciones concluyan "cuanto antes", aunque ha recordado que ella no se sienta en la mesa de negociación con los partidos y no conoce los términos en que se encuentra.
Pero eso será siempre y cuando la Abogacía presente el informe el lunes (aunque la fecha límite es el 2 de enero) y, de esta manera, manifieste la situación en la que queda Junqueras, lo que determinará si ERC decide abstenerse o no en la votación que propiciaría que Sánchez sea investido.
Conversación ininterrumpida
Pese a paralizarse las reuniones, las conversaciones entre las delegaciones del PSOE y de ERC no cesaron, ni siquiera después de unas declaraciones del responsable de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, sobre la supuesta renuncia de Esquerra a la vía unilateral para lograr la independencia. Ni se interrumpieron después de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Junqueras.
La primera reunión, el 28 de noviembre, para negociar la investidura fue en el Congreso y tras ella los socialistas constataron "la existencia de diferencias, pero también de puntos de encuentro, y en todo caso "una voluntad compartida de diálogo que permita desencallar la formación de Gobierno y asegurar la estabilidad política".
La siguiente fue el 3 de diciembre, también en el Congreso, y en ella ambas formaciones se comprometieron a avanzar en la "vía política" para resolver el "conflicto" catalán, mientras que la tercera fue en Barcelona el 10 de diciembre.
Allí, los negociadores de PSOE y ERC constataron "avances" para concretar los "instrumentos" para "encauzar el conflicto político" catalán y para una eventual investidura, y hubo una jornada previa preparatoria, que se hizo en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en la que ERC expuso "cuatro patas prioritarias" para lograr un acuerdo.
Fue el 19 de diciembre cuando el tribunal europeo dictaminó que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad, lo que complicó el proceso.
Y ayer se produjo la cuarta, una no convocada, que trascendió a los medios a última hora de la tarde y de la que solo se supo que para los republicanos fue de "contacto y sin novedades relevantes".