La Junta Electoral Central (JEC) y la Abogacía del Estado están inmersas en la polémica de la investidura de Pedro Sánchez de manera sobrevenida, mientras los líderes políticos de todo signo alegan que no quieren judicializar la política. De hecho, la JEC, que se reúne el 3 de enero, girará la llave facilitando o dificultando los planes del PSOE cuando decida sobre las posibles inhabilitaciones inmediatas de Quim Torra como parlamentario autonómico y de Oriol Junqueras como eurodiputado.
Ambas decisiones, en un sentido o en el otro, llegarán un día después de que termine el plazo para que la Abogacía del Estado deba pronunciarse en un informe sobre el caso de Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La inhabilitación exprés de Torra significaría, consecuentemente, su fin como presidente de la Generalitat, ya que el Estatuto de Cataluña indica que para ostentar la jefatura del Govern es imprescindible ser diputado autonómico.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el banquillo de los acusados del TSJC.
El terremoto político que provocaría en Cataluña una decisión de la JEC en este sentido dejaría sin opciones a Sánchez. Porque si Torra es apartado de su cargo, JxCat entraría en el juego de la investidura, presionando a ERC. Hasta ahora, el único protagonismo entre los separatistas lo ha ejercido Esquerra, cuyos 13 diputados son imprescindibles para que Sánchez deje de estar en funciones.
Y lo mismo ocurriría si la JEC inhabilita a Oriol Junqueras antes incluso de que falle el Supremo. La dilación de la Abogacía del Estado, que apurará como mínimo hasta este lunes 30 de diciembre para presentar su escrito al Supremo, convierte en casi imposible que el alto tribunal se pronuncie sobre la sentencia del TJUE antes de la reunión de la Junta Electoral. Y Esquerra no se fía de que uno de estos posibles reveses no le pille en medio de la sesión de investidura, que el PSOE querría convocar para el 2, 3 y 5 de enero.
Todas estas reticencias están, como mínimo, retrasando la investidura. Y los socialistas temen, a su vez, que cualquier retraso lo complique todo aún más.
La pelea interna en el separatismo
Además, no hay que perder de vista el juego interno dentro del separatismo. Los más radicales, la CUP, alertaban este mismo sábado de que el viaje al centro de ERC puede rebajar la capacidad de movilización en las calles. Y los celos entre líderes -el preso Junqueras y el huido Puigdemont- marcan su pelea por la primacía política que, al mismo tiempo, determina casi cualquier movimiento de los mayoritarios, ERC y JxCat.
Quim Torra junto al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
La inhabilitación sobrevenida de Torra daría de forma interina la presidencia a Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC. Pero en todo caso, los republicanos tendrían muy difícil, en medio de este ambiente, justificar una abstención a favor de la investidura de Sánchez.
Por otro lado, los de Puigdemont ya están iniciando movimientos para evitar que ERC se haga también con los mandos de la Generalitat. Alegan que JxCat fue la formación "más votada" y que los republicanos "estarán de acuerdo" en que el Govern debe seguir en sus manos pase lo que pase con Torra. De no lograrlo, la inestabilidad se instalaría en el Palau de la Generalitat, se abriría la carrera electoral para unas nuevas autonómicas en Cataluña y el mayor perjudicado sería, de nuevo, el líder del PSOE.
Dos casos distintos
Los casos de Torra y Junqueras no son iguales, aunque se vayan a tratar el mismo día en la JEC. El del president se refiere a una sentencia que aún puede ser recurrida ante el Supremo. El del encarcelado líder de Esquerra sí es un fallo firme del alto tribunal.
La JEC verá el viernes 3 de enero el recurso anunciado por Pablo Casado contra la decisión de la Junta Provincial de Barcelona (JPB), que el pasado día de Nochebuena desestimó la inhabilitación inmediata de Torra. Los populares primero, y después Cs y Vox reclamaron ante la JPB la ejecución administrativa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilita por un año y medio a Torra por un delito de desobediencia.
Pablo Casado, presidente del PP.
Se amparaban estos partidos en el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que declara inelegibles a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del estado", como sería el caso del presidente autonómico catalán.
Pero la Junta Provincial desestimó la aplicación de este artículo -producto de una reforma de la LOREG defendida en 2011 por la diputada de UPyD, Rosa Díez- argumentando que los únicos precedentes en los que la JEC ha removido de su cargo a representantes públicos sin sentencia firme son de alcaldes condenados por "delitos de corrupción".
Si la Junta optara por instar a la inhabilitación inmediata de Torra -aunque la sentencia no sea firme y al amparo del artículo de la LOREG invocado por PP, Cs y Vox-, el trámite se desplazará a la Mesa del Parlamento de Cataluña. Ahí también serían más que previsibles nuevas réplicas de este terremoto político.
El de Junqueras sí es firme
Después de la sentencia del TJUE, favorable a las tesis de Oriol Junqueras, el Tribunal Supremo instó a todas las partes personadas en el juicio del procés para que fijaran postura antes de tomar una decisión. El tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, había decretado que el presidente de Esquerra adquirió su condición de eurodiputado en el mismo momento de ser proclamado como electo. Y esto significaba que pasaba a disfrutar de la inmunidad que conlleva tal condición.
Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento Europeo.
De manera inmediata, los partidos independentistas, tanto ERC como JxCat y la CUP, reclamaron su excarcelación y la nulidad del juicio. A resultas del mismo caso, los fugados Carles Puigdemont y Toni Comin aprovecharon para sacarse una acreditación provisional en Bruselas y darse un paseo por las instalaciones del Parlamento Europeo, al tiempo que recusaban al juez Llarena y exigían la retirada de la euroorden librada contra ellos.
En este caso, la JEC sí tendrá sobre su mesa una decisión sobre una sentencia firme: la solicitud del PP para inhabilitar a Junqueras. Aducen los populares que el líder de ERC no estuvo presente en el acto de acatamiento que tuvo lugar en junio en el Congreso, ya que el Tribunal Supremo no le autorizó a salir de prisión para entregar la credencial y jurar o prometer la Carta Magna.
Según el PP, al no haber estado presente, condición indispensable para desembarcar luego en el Parlamento europeo, Junqueras se quedó sin el acta que le permitiría presentarse en la sesión constitutiva de la Cámara de la UE. Y en su caso, los de Casado reclaman a la JEC que aplique a Junqueras el artículo 6.2.a) de la Ley Electoral, que establece que son inelegibles los "condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad".