Se trataba del juicio de los juicios en España, el del procés, de histórica trascendencia fuera cual fuera la resolución. Los responsables no huidos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y del asedio a la Consejería de Economía en Barcelona días antes, todos ellos altos cargos de la Generalitat o líderes sociales clave en aquellas fechas, se sentaban en el banquillo del Supremo y ante todos los espectadores que quisieran ver y escuchar cada una de las sesiones, con Europa también atenta.
El juez Manuel Marchena presidió el tribunal que durante cinco meses escuchó a los 12 acusados y a más de 600 testigos, entre los que se encontraban el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la que fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
La sentencia se hizo pública el 14 de octubre: de los 12 acusados, cuatro fueron condenados por sedición y malversación, todos ellos a 12 años de prisión salvo Oriol Junqueras, a 13 dado su mayor rango y por tanto responsabilidad en el momento de los hechos. Otros cinco acusados fueron condenados por sedición, sin la malversación, a 9 y 10 años de cárcel salvo los 11 años y 6 meses para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, por no haber frenado iniciativas a todas luces fuera de la legalidad. Los tres acusados restantes, Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, condenados a un año y ocho meses por desobediencia, están en libertad.
En el corto plazo, el fallo sirvió al independentismo más radical para ejercer la violencia en las calles y contra las fuerzas del orden y movilizarse para colapsar carreteras y puntos críticos en Cataluña. También, en el caso de ERC, para poner un alto precio a Pedro Sánchez a cambio de una abstención para su investidura.