El presidente de Castilla-La Mancha alza la voz. Emiliano García-Page ha anunciado este jueves que su Gobierno llevará al Ejecutivo español, de su mismo partido, a los tribunales si no abona la mensualidad del IVA pendiente desde 2017 que le debe a su región y al resto de comunidades.
Page ha dado a Sánchez hasta la primera semana de febrero y se ha sumado al malestar de otras comunidades autónomas, de distinto signo, por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el martes aseguró que al no haber sido abonada en 2019 a las autonomías la cuota pendiente desde 2017, por la oposición del PP, ya no podrá hacerse. En juego están cientos de millones con los que las comunidades contaban.
El castellanomanchego ha relacionado ese conflicto con el diálogo con la Generalitat y la llamada "desjudicialización". "Estamos en una época en la que inauguramos un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno", ha dicho en referencia a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, pactada por el PSOE y ERC a cambio de la abstención de los independentistas en la investidura.
Page: el diálogo con torra es “veneno”
"Otros que están en los tribunales incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, lo cual no deja de ser absolutamente increíble y paradójico. Es alucinante", ha dicho en referencia a la propuesta del Gobierno de modificar los delitos de sedición y rebelión.
Aunque la reforma tendrá un efecto "obvio" en la situación procesal de Oriol Junqueras y los demás condenados, así como en los fugados como Carles Puigdemont, Gobierno y PSOE desmarcan la iniciativa de sus contactos con las formaciones independentistas que sellaron su investidura y están llamados a apoyar los Presupuestos.
Page: "Además de códigos penales existen códigos éticos"
Page dice que, más allá de códigos penales, hay "códigos éticos" y que negociar con independentistas el Penal sería "grave". Entre otras cosas, porque Sánchez "hace exactamente lo contrario de lo que promete" y eso suele ser castigado en las urnas.
"Con los derechos de los españoles y las españolas no se mercadea. Con el Código Penal no se puede mercadear, no es una cuestión negociable sino simplemente y llanamente de alto consenso social que no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo", ha dicho para finalizar su intervención.