La que tenía que ser la semana de un nuevo e histórico aumento del salario mínimo fue rápidamente eclipsada por la polémica. Su inicio lo copó la controversia sobre la intención de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal y las consecuencias que pueda tener sobre las penas de prisión de Oriol Junqueras y los demás dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición.
La intención fue sorpresivamente apuntada por el propio Sánchez en una entrevista con TVE el lunes por la noche. En los siguientes días fue desmenuzada por diferentes portavoces. La del Gobierno, María Jesús Montero, reconoció que la reforma de los delitos de sedición y rebelión se hará en el Congreso, aunque el Gobierno aún no sabe si vía proyecto de ley (a iniciativa del Ejecutivo) o como proposición parlamentaria (iniciativa de los grupos), algo que evitaría pedir informes consultivos y agilizaría el proceso.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reconoció que el efecto en la condena de Junqueras y los demás dirigentes en prisión es algo "obvio", ya que en materia penal, nuevas normas implican una "deriva" que deberá ser determinada por los tribunales. Finalmente, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconoció que una reforma que rebaje el tiempo de cárcel de los condenados sería deseable para desinflamar la situación en Cataluña.
Page rompe el silencio
A las críticas de la oposición, que ha visto un indulto encubierto en esta reforma, se sumó una voz firme y autorizada dentro del PSOE: la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha puesto al frente de los críticos en el partido contra la medida. Según él, el diálogo con Quim Torra es "veneno" y "no se puede mercadear con el Código Penal", por mucho que Sánchez necesite a los partidos independentistas para aprobar leyes en el Congreso, singularmente la de Presupuestos.
Este viernes, Page volvió a la carga ante el silencio del Ejecutivo. "Aguar el delito de sedición es como invitar a que se haga todos los fines de semana", dijo en una entrevista en Onda Cero. "A lo mejor cabe un delito nuevo, que tenga que ver con vulneración directa orden constitucional. ¿Es urgente? En estos casos, lo que importa es que tenga el máximo consenso. No puede ser de la mitad de un país contra la otra mitad", según él.
Sánchez, en una cápsula
Sánchez permanece callado. Su equipo evita pronunciarse sobre la medida y el jefe del Ejecutivo fue este viernes fuertemente custodiado por personal de seguridad para evitar que ningún periodista le pudiera siquiera lanzar una pregunta al aire desde lejos. El jueves sí atendió a la prensa, pero él mismo impidió a los periodistas siquiera acabar de formular preguntas no relacionadas con sus visitas a las zonas afectadas por el temporal.
Su equipo ha diseñado para Sánchez una cápsula efectiva que lo protege de atender a los medios o pronunciarse sobre los asuntos políticos de relevancia, incluso los que él apunta sin explicar en detalle.
Venezuela copó el final de la semana, que probablemente se le hizo eterna al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sánchez se mantuvo firme en su decisión de no recibir a Juan Guaidó, al que España reconoció hace ahora un año como "presidente encargado" de liderar a Venezuela hasta la celebración de unas elecciones libres en el país.
Todos menos Sánchez
Guaidó sí pudo ver a las autoridades de las instituciones europeas, con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, entre ellas, y a primeros ministros como Angela Merkel (Alemania), Boris Johnson (Reino Unido) Mark Rutte (Países Bajos), Sebastian Kurz (Austria) o Kyriakos Mitsotakis (Grecia). En Madrid, este sábado, recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos de José Luis Martínez-Almeida y la Medalla Internacional de la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso antes de participar en un gran acto en la Puerta del Sol a las 18:00 con la diáspora venezolana.
Aún no han trascendido las razones por las que Sánchez rechaza verle. Desde que Guaidó se lo pidiera, la agenda del jefe del Ejecutivo para este sábado se ha ido llenando con su asistencia a los Goya, donde no acudió el año pasado, o una intensa gira por los lugares más golpeados por el temporal. Los portavoces del Gobierno sencillamente no explican el motivo por el que Sánchez cree más conveniente que sea la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien reciba a Guaidó, a pesar de ser considerado oficialmente como "presidente" por España.
González y Ábalos
Dos nuevos tropiezos volvieron a agriar la semana de Sánchez en relación a este asunto. El otro expresidente socialista, Felipe González, salió en defensa de Guaidó y calificó a Nicolás Maduro como un "tirano". "A Maduro solo hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas. Por eso controla el Consejo Nacional Electoral y los poderes citados", según él. Zapatero, defensor de no recibir a Guaidó, inmediatamente criticó la posición de González. "Moderada no parece", según él.
Por si fuera poco, la visita de Ábalos al aeropuerto el domingo por la noche para, según él, recibir a un amigo personal suyo, el ministro de Transportes del Gobierno de Maduro, avivó la polémica. En el mismo avión viajaba la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene vetada la entrada al espacio Schengen, a la que el ministro español vio pero no reconoció como una reunión. Ábalos fue cambiando, a través de su equipo, su versión durante dos días hasta asegurar que, en realidad, apenas habló con Rodríguez para advertirle de que no podría entrar en España. La oposición, de nuevo, cargó contra Ábalos y Sánchez por situarse más cerca de Maduro que la oposición venezolana. Cuando acabó la semana, ya pocos recordaban como principal acontecimiento lo previsto por los estrategas de Moncloa.