Pedro Sánchez y Pablo Casado se reúnen este lunes en la Moncloa en la primera toma de contacto en privado entre ambos desde la investidura del líder socialista como presidente del Gobierno. Sobre la mesa hay un sinfín de asuntos, pero tanto Moncloa como el PP se han cuidado mucho en los últimos días de desvelar sus cartas antes de la cita.
El Ejecutivo cree que Cataluña y lo que en las últimas semanas califica como "cohesión territorial" de España estará en el menú, pero que ninguno de los dos llegará a hincarle el diente de verdad, conscientes de que sus posturas son, por el momento, irreconciliables. Eso sí, nadie descarta que sirvan para dar forma a los mensajes autojustificativos de cara a los medios y sus propios electorados.
Moncloa insiste en que el presidente ha enterrado el hacha de guerra, a pesar de sus duras críticas a la derecha expresadas este sábado, y que quiere llegar a acuerdos de Estado con el PP. Las pensiones, la financiación autonómica y la renovación del Consejo General del Poder Judicial están en la agenda, aunque los organismos pendientes de renovación son muchos más: el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo, el FROB, la AIREF, la Junta Electoral Central o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre otros.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, por el momento, la mayor urgencia de Sánchez. Su actual composición data de 2013, cuando fue pactada por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, con el concurso de en tiempos de mayoría absoluta del PP. Sánchez quiere renovar el CGPJ, compuesto por 20 vocales (12 magistrados y 8 juristas propuestos por los partidos), que corresponde respaldar al Congreso y al Senado con una mayoría cualificada que implica necesariamente el acuerdo de PP y PSOE.
Que se reflejen las nuevas mayorías políticas en el carácter de los vocales, habitualmente etiquetados como progresistas o conservadores según quién los proponga, permitirá al nuevo pleno del CGPJ acometer importantes nombramientos con una perspectiva más cercana a la del Gobierno, partidario entre otros asuntos de una estrategia de "desjudicialización" de todo lo que tenga que ver con el independentismo. Sólo en la Sala Penal del Tribunal Supremo, la que juzgó a los dirigentes independentistas, hay tres vacantes que adquieren un carácter estratégico ante las decisiones pendientes de tomar (y las que vengan) en los próximos años.
Sánchez y Casado se reúnen en Moncloa
Pero, además, el nuevo CGPJ también tendrá que ser consultado si el Gobierno aprueba un anteproyecto de ley que reforme el Código Penal. Modificar la legislación criminal es una promesa del nuevo Ejecutivo, que quiere cambiar desde lo relativo al consentimiento en las relaciones sexuales (consagrar el conocido como el "sí es sí") hasta los delitos de sedición y rebelión. Esto último motivará una gran controversia política evocada ya por la mera declaración de intenciones de Sánchez y podría tener efectos en las penas de prisión de los condenados, acelerando su puesta en libertad.
Cinco o seis conversaciones
El Gobierno ya tuvo que hacer frente a un CGPJ dividido de forma inédita en la redacción del informe no vinculante sobre la idoneidad de la nueva Fiscal General, Dolores Delgado, ahora pendiente de ser confirmada por el Congreso. Una mayoría afín a tesis progresistas podría avalar con más facilidad las reformas que el Gobierno proponga. Eso sí, el Ejecutivo no ha aclarado si tratará de evitar los dictámenes consultivos presentando directamente la reforma, toda o en parte, a través de una proposición de un grupo parlamentario directamente en el Congreso. Esa segunda vía, que también sería previsiblemente motivo de una gran crítica por sus implicaciones, sigue sobre la mesa.
Fuentes al corriente de los contactos entre el Gobierno y el PP aseguran que las dos personas designadas para ellos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López, secretario de Justicia popular, han hablado hasta en cinco o seis ocasiones desde la toma de posesión del primero. Sin embargo, la falta de un OK de Génova impide que las conversaciones entren realmente en materia, explican las mismas fuentes.
Fuentes de la sede del PP consultadas por este periódico rebajan cualquier expectativa de acuerdo este lunes. "Sánchez vende mano tendida al PP cuando se tira toda una mañana criticándonos e insultándonos", explican en referencia al discurso del socialista este sábado ante el Comité Federal de su partido, en el que arremetió contra la "derecha retrógrada" que cubre con "crispación" y "berrinches" sus derrotas electorales, según el jefe del Ejecutivo. "Nadie se fía de su palabra sobre el respeto a la igualdad de españoles", lamenta uno de los principales asesores de Casado.
El PP tiene su propuesta
El presidente del PP tiene previsto hacer su propia propuesta a Sánchez sobre el CGPJ. No será renovarlo a través del sistema actual sino cambiarlo para "volver al modelo anterior, donde los jueces eligen a los jueces" y así avanzar en la "despolitización de la Justicia".
Nadie en el PP espera acuerdo alguno este lunes y más cuando está pendiente la confirmación definitiva de Delgado, que tiene ya cita en la comisión de Justicia del Congreso. "Queremos que los políticos no puedan ser Fiscal General. Si Sánchez acepta volver al modelo anterior y echa a Delgado, fenomenal", explican desde Génova. Los populares insisten en que Casado expondrá una "agenda propia" sobre la "España real", muy centrada en la economía.
En otras palabras: Sánchez propondrá a Casado renovar el CGPJ por el actual sistema y éste le responderá con una propuesta para cambiar el método de elección y la exigencia de que corrija, ahora o para el futuro, nombramientos como el de Delgado. El acuerdo, pues, parece lejos por mucho que hablen el ministro Campo y Enrique López.