Galicia y País Vasco no celebrarán elecciones el 5 de abril. Por primera vez en la historia democrática de España, una crisis sanitaria sin precedentes ha provocado que se desconvoquen dos citas electorales, un escenario que no contempla ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la normativa encargada de regular todas las citas con las urnas. 

El lehendakari Iñigo Urkullu consensuaba este lunes por la mañana con los portavoces de los partidos con representación en la cámara autonómica suspender las elecciones. Sin el acuerdo unánime de todas las formaciones era inviable su revocación. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hacía el mismo anuncio apenas unas horas después, tras mantener una reunión por videoconferencia con los representantes de los grupos de la Cámara autonómica. 

Tanto Galicia como País Vasco tienen su propia regulación electoral que otorga al presidente autonómico la potestad de convocar elecciones y, en este caso excepcional al estar inmersos en un estado de alarma, es la única autoridad que puede revocar el decreto de convocatoria. Todas las formaciones políticas han estado de acuerdo en que era una necesidad retrasar la cita electoral. Sin embargo, esta situación excepcional que no se había producido nunca abre paso a un escenario inédito, porque no hay materia legislativa que regule la cancelación de una cita electoral. 

Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL recuerdan que tanto Galicia como País Vasco regulan sus elecciones a través de sendas leyes electorales y que la cancelación electoral se justifica "por la situación de emergencia nacional sanitaria. La celebración de elecciones no garantizaría la participación ni el voto libre de los ciudadanos, ya que los que fueran a ejercer su derecho a voto lo harían en contra de las recomendaciones médicas", que insisten en no salir de casa como antídoto para superar la pandemia.

Las mismas fuentes recuerdan que unas elecciones deben garantizar siempre "el principio de universalidad, es decir, la mayor participación posible". Un principio constitucional que "no se garantiza cuando las autoridades han decretado un estado de alarma que limita la circulación de las personas y todos los poderes públicos están recomendando el confinamiento". De celebrarse las elecciones el 5 de abril, además, alertan de que hubiera habido problemas organizativos. "Para empezar, con la constitución de las mesas: muchos ciudadanos se excusarán por razones de salud. También puede haber dificultades para el suministro de todos los materiales necesarios para la celebración de las votaciones". 

Los expertos también corrigen la idea tan extendida de que una campaña electoral es insignificante para la ciudadanía. "La campaña, en un sistema democrático, es importante, porque es lo que permite a los ciudadanos saber a qué se comprometen los que quieren gobernarles y qué piensan de los asuntos públicos. La emergencia sanitaria obligaría a celebrar una campaña 'sui generis'". 

Legitimización

En caso de que se hubieran celebrado elecciones el 5 de abril, los especialistas vaticinan que hubiera habido "una participación irrisoria que podría afectar a la propia legitimidad de las elecciones, como está ocurriendo en Francia, un país que se plantea si celebrar la segunda vuelta". En todo caso, insisten en que, aunque la ley electoral no dispone de una previsión para cancelar la cita electoral, "tampoco hay una prohibición expresa". 

La voluntad del presidente gallego y del lehendakari vasco es celebrar los comicios cuanto antes. Sin embargo, los servicios jurídicos cercanos a los dos presidentes estudian a contrarreloj la manera de cómo articular la puesta en marcha de la futura convocatoria electoral y se ha pedido el respaldo a las juntas electorales autonómicas para que avale cualquier decisión que se tome. Todos están ante una página en blanco. La idea de Feijóo es que los dos decretos, el de la suspensión y el de la reactivación, estén publicados lo antes posible. Al menos el real decreto de revocación de la convocatoria electoral debe hacerse público antes de las 00.00 del jueves, el momento en el que oficialmente debía comenzar la campaña electoral. 

Dudas

El mayor desacuerdo entre los grupos políticos es cómo reactivar la cita con las urnas una vez que pase el vendaval. Hay partidos políticos que han solicitado que, una vez que se estabilice la situación política, el calendario electoral se ponga en marcha justo donde ahora se congela: cuando comienza la campaña electoral. Sin embargo, hay quien prefiere borrón y cuenta nueva y que las futuras elecciones empiecen con todo su proceso: con la publicación del Real Decreto que da 54 días entre ese día, el que publique la nueva convocatoria electoral, y el día que se celebren las elecciones. 

Los dos presidentes siguen escrupulosamente las recomendaciones de los servicios jurídicos para no dejar ningún cabo suelto y evitar, así, que cualquier grupo pueda impugnar la decisión en un futuro. De hecho, puede darse el caso de que, esta vez, Galicia y País Vasco no celebren las elecciones el mismo día. Pase lo que pase, los expertos consultados reconocen que esta crisis también obligará, cuando se controle la pandemia, a estudiar y regular jurídicamente la suspensión de unas elecciones.