La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
El sindicato destaca que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud han provocado que a fecha de 30 de marzo de 2020, 12.298 sanitarios de España estén infectados por el Covid-19 -el 14,4 por ciento del total de los afectados en todo territorio nacional- y al menos 6 de ellos han fallecido por ese motivo, según los datos del propio Ministerio de Sanidad.
Según explica la denuncia, CSIF ha reclamado reiteradamente desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, al departamento que dirige Salvador Illa que "dotase al personal sanitario de equipos de protección individual para garantizar la seguridad y salud de dicho personal en el desempeño de sus funciones, ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material", todo ello al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, según subraya, "a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma", los profesionales de la sanidad continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios "sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.)".
Ante dicha insuficiencia de medios materiales se están "reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia", lo que hace que se ponga en riesgo su salud, pues están en contacto directo a diario con población contagiada, añade el sindicato.
"Situación insostenible"
"Se está evidenciando ya una situación insostenible en el tiempo para este importante sector profesional", asegura el sindicato en su denuncia, que subraya que la falta de material también es "un grave problema" para los pacientes que "ven reducido el número de personal sanitario que puede ayudarles a curar su enfermedad" y para el resto de la sociedad que sufre el riesgo de "ser contagiada por el propio personal sanitario".
En este sentido, CSIF recuerda que el real decreto que aprobó el estado de alarma designó a Illa como autoridad delegada para gestionar la pandemia del coronavirus, "convirtiéndose por ello en el máximo responsable y garante en la evitación y propagación del virus".
Así, asegura que el ministro no ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "ha incumplido" el deber de "adoptar con urgencia las medidas necesarias al efecto" y entre ellas la "más esencial", la dotación de material de protección necesario a los servicios sanitarios para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones.
De hecho, hace una comparación con China -donde comenzó la pandemia- y dice que allí se hizo una "gestión mucho más eficaz que en España", donde sólo se contagiaron el 4 por ciento de los profesionales de la sanidad.
"Instrucciones sesgadas"
La denuncia apunta además que muchos profesionales se han quejado de que no se les ha informado de "forma clara" sobre las actividades y tareas a realizar en cada nivel asistencial y que se les dan "instrucciones sesgadas y cambiantes continuamente".
También han informado, indica la denuncia, de que se han producido "amenazas administrativas y ceses a algunos sanitarios" por exigir la adopción de medidas de seguridad o que "se efectúan campañas publicitarias de dotación de EPI y pruebas de diagnóstico Covid-19 fraudulentas" porque "no existen dotaciones efectivas y tampoco pruebas de diagnóstico suficientes".
Por todo ello, el sindicato considera que el ministro de Sanidad podría haber cometido un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral pero también de lesiones y de homicidio imprudente por la "ineficacia de la actuación" y por la "imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del sector Sanitario en todo el país".
Según ha advertido el CSIF en un comunicado, la denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis. Asimismo, el sindicato asegura que se encuentra trabajando para actuar por la vía de lo Civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la Administración.