El coronavirus Sars-CoV-2 está generando una sangría de muertes en las residencias geriátricas del país. Hasta este martes, la pandemia ha acabado con la vida de, al menos, 2.170 personas en España, según un recuento realizado por EL ESPAÑOL en base a las cifras aportadas por las comunidades autónomas, aunque no todas ellas actualizan sus datos de manera diaria. Madrid es la autonomía con mayor número de casos (1.070, casi el 50%), seguida de Castilla y León (353) y Castilla-La Mancha (236). Entre las tres suman 1659 fallecimientos, el 76,45% del total de óbitos.
La cifra global en España incluso podría ser mayor. Hay regiones que en las últimas tres semanas han enterrado a usuarios de estos centros sin que se les llegase a practicar la prueba del virus o sin que éstos presentaran todavía los síntomas. Es una de las lagunas que dejará esta crisis sanitaria. Algunas comunidades, como la andaluza, también advierten que no todos los fallecimientos obedecen a la enfermedad COVID-19.
En España hay 372.985 plazas repartidas entre los 5.417 centros de mayores existentes, según un informe publicado en octubre de 2019 por el Ministerio de Economía y Competitividad. En su gran mayoría son de titularidad privada que mantienen conciertos con las administraciones autonómicas.
Castilla León y Castilla-La Mancha son las dos regiones, precisamente, que mejor ratio presentan entre población y número de plazas. En el caso de la primera, una plaza por cada 1.300 personas mayores de 65 años. En el segundo, una por cada 1.400. Desde el inicio de la crisis sanitaria, las Fuerzas Armadas han realizado ya 1.353 intervenciones en residencias, explicó este pasado lunes el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya.
La cifra de los, al menos, 2.170 ancianos muertos en geriátricos españoles supone que uno de cada cuatro fallecidos en España estaba ingresado en un centro residencial de la tercera edad. Este martes, el país registraba 8.189 muertes a causa del coronavirus.
Esos 2.170 óbitos suponen el 26,49% del total de los decesos. Más allá de que la pandemia presente mayores índices de letalidad entre las personas de mayor edad -el 87% de los fallecidos tenían 70 o más años-, las cifras reflejan la evidente falta de medidas sanitarias llevadas a cabo por las comunidades en sus geriátricos. Los brotes de contagio pudieron tener un doble sentido: la transmisión se dio entre residentes y, a su vez, entre personal sanitario y visitantes de los propios usuarios.
En Tomelloso (Ciudad Real) murieron 40 ancianos en una residencia de mayores gestionada por la Fundación Elder. Este martes, su alcaldesa, Inmaculada Jiménez, dijo que en el pueblo ya se han producido alrededor de 100 muertos, aunque no dispone de cifras oficiales. La localidad cuenta con 35.000 habitantes.
En Alcalá del Valle (Cádiz), un brote del coronavirus Sars-CoV-2 ha provocado una situación que puede derivar en numerosas muertes. Ya han fallecido seis ancianos que estaban ingresados en la residencia La Pasionaria. Se contagiaron otros 34, así como una veintena de personal del centro. En la localidad, con sólo 5.100 habitantes, “más de 150 personas” -un 10%-, según su alcalde, Rafael Sánchez, se encuentran en aislamiento domiciliario.
Madrid, la más perjudicada
Hay comunidades con porcentajes alarmantes. En Murcia, donde hasta este lunes se habían producido 34 muertes, más de la mitad (18) se concentraban en geriátricos. El consejero de Salud, Manuel Villegas, reconoció un centenar de positivos en residencias de la tercera edad y en centros sociosanitarios para personas con discapacidad.
Madrid, con al menos 1.070 muertos en sus geriátricos, es la comunidad más devastada por el virus. En varias de sus 425 residencias han fallecido hasta más de veinte ancianos, como es el caso de los centros Monte Hermoso o San Celedonio. Las medidas desde el Gobierno regional llegan con cuentagotas, retrasadas en gran parte por la falta de recursos contra el virus a nivel generalizado.
La ayuda que sí ha llegado por ahora es la de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha fumigado cerca de 80 centros en la región para frenar la propagación del coronavirus. Y también la de un grupo de 22 geriatras, repartidos en 22 hospitales de la Comunidad de Madrid. Se encargan de gestionar los traslados de ancianos enfermos a los centros sanitarios con el fin de que las residencias no se colapsen de pacientes en estado grave. Sin embargo, la prioridad es que se sigan atendiendo en las residencias.
Otra medida pendiente del Ejecutivo madrileño es la contratación de personal sin cualificación, como estudiantes o jubilados, para trabajar en estos centros. Pretenden suplir así la carencia de trabajadores que sufren debido a las bajas ocasionadas por los contagios.
Muerte de trabajadores
En los últimos días se han registrado cuatro muertes de trabajadores. Entre ellas, las de dos hombres que, según informó el sindicato CSIF, se podrían haber evitado “con medios de protección adecuados". Los óbitos se produjeron en la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, y en un centro de mayores y comedor social de Madrid.
También han muerto contagiadas dos monjas. Eran cuidadoras de la residencia psiquiátrica Cottolengo del Padre Alegre, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias de las muertes. Antes de perder la vida, las religiosas fueron reacias a dejar entrar a Protección Civil. Según fuentes sindicales, solo en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 400 profesionales de residencias afectados por el coronavirus.
Quien investiga también distintas muertes en residencias de la región es la Fiscalía de Madrid, a través de la denuncia que interpuso el Defensor del Paciente y varios familiares de internos fallecidos. Aducen falta de medidas de protección y opacidad sobre la gestión de la crisis del Covid-19 en estos centros privados -pero también con plazas concertadas con la comunidad-. En total, el Ministerio Público investiga más de 20 denuncias contra geriátricos madrileños.
En Cataluña, donde se han contabilizado ya 165 muertes de ancianos en residencias, las medidas no han llegado hasta principios de esta semana, cuando se ha comenzado a reubicar en tres hoteles a 160 contagiados. Se encontraban repartidos en 16 geriátricos distintos.
La Generalitat ha anunciado que contratará a 70 profesionales para que se incorporen cuanto antes a sus residencias. La Fiscalía Superior de Cataluña también ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos por coronavirus en centros de Capellades y Olesa de Montserrat, municipios próximos al foco de contagio de Igualada (Barcelona) donde han muerto trece y nueve ancianos, respectivamente, en los últimos días.
En otras comunidades autónomas como Aragón, donde las residencias de ancianos registran 88 fallecidos, el Ejecutivo ha habilitado un centro en Yéqueda (Huesca) para acoger a usuarios que hayan dado positivo en coronavirus y no requieran hospitalización. Sin embargo, en este espacio también han comenzado a fallecer internos, por lo que muchos han comenzado a ser trasladados al Hospital San Jorge, en la capital oscense.
Andalucía, con 55 muertes en sus geriátricos, ha puesto en marcha la medicalización de cinco edificios que serán utilizados como refuerzo de los recursos residenciales de personas mayores. Se ubicarán en las provincias de Cádiz, Granada, Sevilla, Málaga y Jaén. Ya está listo el hotel Ilunion Alcora de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, a donde han empezado a llegar los primeros pacientes procedentes de residencias de ancianos.
Las zonas menos afectadas en cuanto a muertes en geriátricos son Baleares (3), Canarias (2) -beneficiadas por su carácter insular- y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se han registrado fallecimientos en este tipo de centros asistenciales.